En el propósito de cumplir con un compromiso de la justicia restaurativa, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que el Estado no puede apostarle a reducir el impacto de los delitos en la sociedad, por ejemplo, cambiarles el nombre a las conductas crimínales para que dejen de serlo o cambiar el Código Penal y así facilitar la salida de delincuentes de las cárceles.
Insistió el jefe del ente acusador en que la prioridad para la justicia y para el Estado son los ciudadanos que no han cometido delitos, más de 40 millones de colombianos, y no los 80.000 que están en la cárcel. En ese objetivo, aseguró que el fiscal no representa a los privados de la libertad, sino al resto de compatriotas que respetan la ley.
“Yo no soy el fiscal general de los presos, soy el fiscal general de la nación, como usted es el defensor es del pueblo, no de los privados de la libertad; como el presidente es de la República y no de las cárceles; en ese orden de ideas, nos toca es equilibrar y crear una política pública adecuada”, señaló el jefe del ente acusador en medio de un evento académico que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana.
Las alternativas que se han barajado para resolver los conflictos sociales, según el fiscal, es “desocupar las cárceles”, una estrategia que simplemente deja en riesgo a los ciudadanos y atenta contra el trabajo de las instituciones.
“Otros menos inteligentes, diría yo, dicen, desaparezcamos tipos penales, con eso desaparecemos los delitos, borremos el Código Penal y entonces ya no tenemos delitos, como una gran estrategia jurídica”, explicó el fiscal.
Para el jefe del ente acusador, no sólo con frases retóricas, trinos que ponen en alerta la justicia o propuestas “tontas” se puede resolver el problema social que vive el país, es con un trabajo democrático y jurídicamente correcto que la instituciones representan un papel primordial.
En los últimos meses, el Ministerio de Justicia ha fomentado la justicia restaurativa para disminuir la grave crisis de hacinamiento que se presenta en todos los centros carcelarios, de reclusión y de paso del país. Para esto, se ha manifestado la necesidad que los presos paguen de manera diferente sus condenas.
Entre las propuestas se ha manifestado fomentar la figura para que los internos salgan por la mañana a trabajar y regresen por la tarde a sus respectivos centros de reclusión.
En agosto pasado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó apartes de su propuesta, indicando la necesidad de promover el perdón y la reinserción. En otras palabras, se pretende que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo, exista una rebaja de pena, se reduzca el hacinamiento carcelario ―con una sobrepoblación de 16.182 reclusos, de acuerdo con el Inpec― y, de paso, se descongestione el sistema judicial.
Sobre el terreno, nadie se imagina conciliando con un delincuente el robo de su teléfono celular. Menos hacerle seguimiento para que cumpla con los pagos de la factura. Al fin y al cabo, cuando el ladrón acude al raponazo es porque no tiene condiciones económicas. ¿Qué ocurrirá con el delincuente que no tenga dinero para pagar? El Gobierno tiene que ser creativo, señala el abogado Francisco Bernate.
“Si el señor no tiene trabajo, a la víctima tampoco le servirá que el ladrón vaya preso. Tenemos que pensar en trabajo social”, explica. Ese es uno de los tantos interrogantes que deberá resolver Osuna, cuya iniciativa permanece en su cabeza, pero aún no está escrita en un proyecto de ley que tendrá que pasar por el Congreso, en el que corre el riesgo de ser satanizada.