“Yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley”. De esta forma respondió el fiscal general, Francisco Barbosa, a la orden que emitió el pasado viernes, por medio de la cual negó a levantar las órdenes de captura en contra de 16 integrantes de las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca quienes harán parte del proyecto de la ‘paz total’.
El jefe del ente investigador, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que cumplió lo que dice la ley al evaluar la situación y las peticiones elevadas desde el Gobierno. En este punto recodó que el presidente de la República “tiene el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la Facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes”.
Barbosa recordó que al ser delincuentes ordinarios debe existir una ley de sometimiento avalada, obviamente, por el Congreso de la República para que se ordenen las respectivas libertades, de resto, no se puede hacer. Para el fiscal general, este tipo de proyectos deben ajustarse a lo que dice claramente la Constitución Política y la ley. De emitirse un nuevo decreto por parte del Gobierno, el ente investigador responderá “con una resolución judicial”.
“La Fiscalía apoya la ‘paz total’, pero tiene que haber unos límites, esos límites para nosotros se producen en este caso concreto (...) las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, son organizaciones criminales, no tienen un carácter político. Es importante decir que esta es una decisión que se fundamenta en la Constitución y la ley”, aclaró.
La decisión emitida el pasado viernes ―recordó― no tiene ningún tinte político, sino que hace parte del cumplimiento de la carta política y la jurisprudencia que tiene el país frente a este tipo de casos. “Nosotros esperamos que más allá de las discusiones políticas podamos avanzar en que se presente una buena ley de sometimiento. Incluso he conversado con Roy Barreras, presidente del Congreso y m dice que respalda la decisión de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura contra esos sujetos”.
Abusos sexuales en el Guaviare
Frente al reportaje publicado por Univisión sobre los abusos sexuales a menores de edad en el departamento del Guaviare, el Fiscal General aseguró que no existe evidencia sobre este tema. Incluso, fue más allá y calificó el trabajo periodístico como “una tremenda bellaquería de este medio de comunicación haberse inventado tremenda falsedad”.
Mencionó que un fiscal fue hasta la zona y realizó varias entrevistas, entre estas, al director del ICBF en la zona, quien le señaló claramente que “no ha tenido conocimiento de información de ningún tipo sobre ese caso”. Los únicos hechos de este tipo en el registro se presentaron en el 2019 y “no coincide con ningún embarazo, con ningún tío, ninguna víctima ni ningún victimario” como se menciona en la nota.
Coincidencialmente, el pasado domingo, la Procuraduría General anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el director regional del ICBF, Joaquín Mendieta Silguero, por presuntamente haber omitido las denuncias de abuso sexual contra menores de edad de comunidades indígenas en el Guaviare ejecutadas por integrantes del Ejército Nacional en el 2019.
“Al parecer conoció de dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncia”, detalló la Procuraduría en un comunicado de prensa.
Esto tras el anuncio de una investigación existente en contra de seis por, presuntamente, haber abusado sexualmente de una menor de quince años perteneciente a la comunidad indígena nukak makú. Los hechos se habrían presentado en septiembre de 2019 en las instalaciones del batallón ubicado en la vereda de Charras, en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare.
Dos suboficiales y seis soldados regulares adscritos al Batallón de Infantería de Selva N.° 19 General José Joaquín País Ricaurte fueron vinculados a la investigación disciplinaria después de cuatro años de la denuncia.