La polémica por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no cesa. En días anteriores, cuando se conoció que la Organización estaba planeando venir, el confuso mensaje de la canciller Marta Lucía Ramírez levantó voces de rechazo tanto de los colombianos, como de distintas organizaciones.

No obstante, ante las constantes críticas, Ramírez explicó que el organismo debe adelantar primero una diligencia para poder viajar al país, por lo que Colombia había dejado las puertas abiertas para recibir a la Comisión.

En el marco de estas declaraciones, el presidente de la República, Iván Duque, quien participó en el Diálogo Interamericano y el Centro Wilson, adelantó una explicación sobre la posible visita del organismo asegurando que “no tenemos nada que ocultar”.

La respuesta del mandatario se dio ante la pregunta de cómo veía “el posible papel de un grupo profesional externo independiente para estudiar a fondo muchas de las complejidades y múltiples facetas de la situación actual”. Por ello, Duque contestó:

“Colombia es una democracia vibrante y es un país de instituciones independientes. Nosotros no solamente estamos comprometidos a la protección de los derechos humanos, sino que siempre hemos sido lo suficientemente transparentes como para recibir la vigilancia, no solamente de nuestras instituciones nacionales, sino de instituciones extranjeras”.

El mandatario también aseguró que Colombia comparte programas en pro de los derechos humanos con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Además, añadió que, por su parte, la Presidencia tiene un comisionado similar que está en constante contacto con los líderes sociales, por lo que apuntó que antes de la vigilancia internacional las entidades nacionales debían ejercer su trabajo.

“La oficina del defensor del Pueblo, de la procuradora general y la Fiscalía tienen que cumplir su labor y al decir esto sabemos cuáles son las responsabilidades fundamentales y cuáles son las complementarias, y obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de escrutinio que se base en un criterio objetivo”, aseveró.

Cabe resaltar que en el diálogo el Presidente aceptó que a lo largo de la historia se han presentado abusos por parte de la fuerza pública, pero que, así mismo, “el país ha evolucionado de manera continua y ha convertido los derechos humanos en una de las principales características de la formación de militares y policías”.

Con esto, el primer mandatario asegura que, pese a que se han visto casos de abusos por parte de la fuerza pública, los organismos y las entidades encargadas de esclarecer la verdad y de velar por los derechos humanos están trabajando para garantizar el respeto por las marchas y la vida.

El mandatario así ratificó también la visita por parte del organismo al país.

Cabe resaltar que el pasado miércoles 26 de mayo se cumplió un mes del Paro Nacional, en el que se han reportado denuncias de agresión, desaparición, daños a bienes materiales, entre otros. Sobre la misma línea, la CIDH, el mismo miércoles, condenó públicamente las graves violaciones de derechos humanos en las protestas en Colombia.

La organización urgió al Estado “a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

“El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1′493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7.801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales, como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes”, señala la CIDH.

Igualmente, la CIDH se refirió a los muertos en medio de las protestas. “Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica; el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como el de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego”, asegura la CIDH en su pronunciamiento.