La bandera del gobierno Nacional ha sido la recuperación, preservación y fortalecimiento del agro y del medio ambiente, por ello, los sectores económicos del país estén cada vez más interesados en compensar y resarcir el daño que han causado al ecosistema y de cumplir con sus responsabilidades ambientales.

Aquí, los Bancos de Hábitat entran a jugar un rol fundamental. Son once los que existen en el país (casi cuatro mil hectáreas). Se trata de terrenos en donde se implementan acciones de preservación, mejoramiento o restauración de ecosistemas, a largo plazo, para compensar los impactos negativos de las empresas sobre la naturaleza, y que generan ganancias cuantificables en la biodiversidad y funcionan bajo el principio de pago por resultado.

Pese a sus múltiples beneficios y su invaluable intención por colaborar con la recuperación de los recursos naturales, aún existen en Colombia enormes dificultades para garantizar que este innovador mecanismo asegure sus resultados en materia de conservación de biodiversidad.

Uno de ellos tiene que ver con el alcance de la Resolución 1051 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de su capacidad de asegurar el potencial de los Bancos de Hábitat: los tiempos de operación de este mecanismo no están definidos; al respecto solo existe una guía establecida por el MinAmbiente, que habla de un mínimo de 20 años, pero no es vinculante con la normativa y no se está cumpliendo.

Por ello se realizó en la Universidad Externado de Colombia el seminario Bancos de Hábitat: regulación y financiamiento para la biodiversidad.

“Los objetivos de los Bancos de Hábitat tienen que lograrse a partir de una norma robusta y clara, que permita dar señales correctas a todos los actores que están involucrados en su proceso de implementación y mantenimiento. Entre más claridad tenga el escenario normativo, mejor implementación habrá”, destacó María del Pilar García Pachón, la directora del departamento de derecho del medio ambiente del Externado.

Por su parte, Mariana Sarmiento, gerente general de Terrasos, explicó que es importante debatir sobre las limitantes que tiene la Resolución 1051 por el vacío normativo puede propiciar incertidumbre y mucha especulación dentro de los Bancos de Hábitat: “La norma no establece tiempos, solo parte de un principio de permanencia y sostenibilidad”.

Con todo el cambio de inversión que se está dando “en temas ambientales en el país, creemos que la norma debe ser clara para evitar que lleguen especuladores al mercado y que generen conflictos ambientales en los territorios”, agrega.

Mientras que la representante a la Cámara, Julia Miranda, expresó que es una estrategia que permite ejecutar los recursos y proyectos de una manera eficiente, pero la brecha financiera del sector ambiente impide el logro de las metas que el presidente Petro prometió en su campaña presidencial.

¿Por qué es importante que las reglas sean puntuales?

Todos los Bancos de Hábitat que hay en Colombia contribuyen con la conectividad ecológica del país, pero no todos tienen los mismos parámetros de tiempo; algunos están planteados para 30, 20 y otros -que no es lo ideal- están planteados para 12 años, por lo cual no hay claridad en la normativa al respecto.

En la actualidad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene por ejecutar unos 2.97 billones de pesos en compensaciones y los Bancos de Hábitat son el único mecanismo ambiental con la capacidad de agilizar el despliegue de esos recursos y pasar de 5 años en la formulación de los proyectos a seis meses.

Más retos importantes alrededor del tema:

1. La tenencia de la tierra: los Bancos de Hábitat ejecutan proyectos a largo plazo, por lo que tener seguridad sobre la tenencia de la tierra es indispensable.

2. La transparencia de la información respecto a los Bancos de Hábitat: Toda la información, que tiene un proceso de registro ante una autoridad ambiental, como es el caso de los Bancos de Hábitat, deben ser públicos. La norma no habla sobre la publicación de la información de los distintos Bancos de Hábitat y tampoco hay registro de si el mecanismo se establece a través de un acto administrativo o no. Además, no existe un inventario unificado de los cupos de biodiversidad en el país, necesarios para mejorar el proceso de trazabilidad de los mismos.

3. Hay mucha incertidumbre respecto al seguimiento y monitoreo de los Bancos de Hábitat: por un lado, está el seguimiento del Anla y por el otro el del MinAmbiente. Todavía los Bancos de Hábitat tienen la duda de cómo se engranan las fiscalizaciones de ambos organismos.