La situación de orden público en el Cauca por cuenta de los enfrentamientos entre comunidades afrodescendientes e invasores indígenas han escalado a un nivel de violencia que parece insostenible con el paso de las horas.
Pocas horas después del anuncio del Gobierno nacional para el desalojo de los predios, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) emitió un comunicado en el que desafiaban aquel mandato e insistían en continuar con “su proceso de liberación de la madre tierra”.
El miércoles pasado, mientras un equipo de SEMANA viajó al norte del Cauca para documentar el problema de las invasiones, colectivos de indígenas encapuchados invadieron la hacienda El Chimán, en la vereda Llano de Tabla, zona rural de Guachené. Entraron con machetes y elementos pirotécnicos para quemar y cortar los cultivos de caña allí presentes. Este hecho desencadenó una respuesta de la comunidad afro que habita en esta zona y ha trabajado por más de 200 años en los cultivos de caña.
La confrontación –como las anteriores– estuvo plagada de violencia física y verbal. Lo paradójico de esta situación es que en el lugar había más de 50 policías y miembros del Esmad que poco hicieron para detener el avance de los invasores. Al ser preguntados por su pasividad, señalaron que ahora en este tipo de situaciones solo podían actuar con una orden presidencial. Así las cosas, mientras civiles se atacaban mutuamente, la presencia de las autoridades era un adorno de la lamentable escena.
Las confrontaciones entre indígenas y afros en el norte del Cauca se agudizaron desde el primero de agosto, cuando el Cric anunció su cruzada para hacerse con los terrenos planos y productivos que hay esta zona del departamento, y en la cual han habitado las comunidades negras por más de 200 años, incluso mucho antes de la abolición de la esclavitud en Colombia.
“El detonante de esta situación es la supuesta liberación de la madre tierra por parte de las comunidades indígenas, que manifiestan que esto les pertenece a ellos por ancestralidad, pero se les olvida que nosotros hemos habitado estos terrenos por más de 200 años”, dice uno de los líderes afro de la vereda El Tetillo, jurisdicción de Corinto.
Los enfrentamientos han contado con todos los ingredientes de una posible guerra civil: choques a mano armada –con machetes–; atentados a la infraestructura con la voladura, mediante explosivos, de un puente que comunicaba a las veredas El Tetillo y Llano de Tabla; así como el patrullaje de colectivos indígenas encapuchados que parecen tener entrenamientos y manejo de papas bombas y cohetes.
“Ellos quieren someternos a una justicia que no es la constitucional. Nos han agredido con arma de fuego, con machetes. Nos dicen que esto no nos pertenece, que nos vayamos de aquí, que la herencia de nosotros está en África y que solo somos buenos para sacar alquitrán (...) De aquí nos vamos, pero para el cementerio. Nosotros no nos vamos a dejar de los indígenas, porque no le estamos robando nada a nadie”, dice un líder afro.
Y a esa advertencia de que defenderán su territorio hasta las últimas consecuencias se suma un punto que ha pasado por alto en este debate por las tierras fértiles. De acuerdo con su relato, cuando sus antepasados llegaron a este territorio, lo que hoy son cultivos de caña hace dos siglos eran pantanos. “Estas tierras eran humedales, bosques y nuestros ancestros fueron los que las volvieron productivas y llegamos nosotros también a continuar con el trabajo. Todo esto fue trabajo manual de los negros. Ahora que se volvió productiva, los indígenas quieren invadir”, señala.
Un equipo de SEMANA que visitó la zona pudo constatar la presencia de explosivos en pasos estratégicos de las veredas afrodescendientes. El miércoles pasado, periodistas y civiles se salvaron de la explosión de una bomba casera dejada al costado de la vía y con la que pretendían derribar otro puente de ingreso a la vereda El Tetillo. Es como si existiera un plan para cercar e impedir el libre acceso de los ciudadanos y trabajadores de las industrias cañeras.
La situación es tan tensa que trabajadores de algunos ingenios se han organizado en puestos de vigilancia permanente para impedir que las invasiones avancen. Dicen que desde 2014 a la fecha los indígenas se han apoderado de más de 3.500 hectáreas privadas solo en el norte del Cauca. “Permanecemos 24 horas custodiando desde hace un mes. Hemos participado de la mesa de negociación del Gobierno nacional, pero persisten las amenazas. Ellos dicen que seguirán con las invasiones. Hemos tomado la determinación de cuidar la tierra porque hemos visto que año tras año nos han ido acorralando y de esto depende nuestros trabajos”, señala uno de los trabajadores.
SEMANA logró llegar hasta una de las zonas que estaba siendo invadida el miércoles pasado y le preguntó a uno de los invasores –encapuchado y sin identificación– por qué quemaban los cultivos. “En el día de hoy nos encontramos nuevamente en la hacienda El Chimán, que es una propiedad que legalmente se entiende que es privada. Como comunidades indígenas reclamamos un derecho sobre la tierra plana, independientemente de que se llamen haciendas o como se llamen. Simplemente son títulos que en la época de la colonia fueron mal repartidos”, dijo.
Y frente a las denuncias de ataques sistemáticos contra comunidades afro señaló: “Hemos venido a trabajar cortando caña, obviamente. Esto no es ninguna invasión a la comunidad afro. Ellos ahora quieren venir a meter el cuento de tierras ancestrales afro y tal figura no existe en el país. Simplemente ellos se están dejando utilizar por la industria”.
Para tratar de desescalar esta situación se han realizado varias mesas de negociación en Santander de Quilichao con presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien ha tratado de mediar tibiamente.
Un nuevo capítulo de invasiones
Las invasiones de predios privados en Colombia tienen un nuevo capítulo mucho más agresivo y masivo que los anteriores. Desde el pasado 19 de julio, cuando el país conoció de la victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta, centenares de ciudadanos se abalanzaron sobre terrenos ajenos para conquistarlos, porque –parafraseando el discurso del nuevo mandatario– la tierra no es de quien la posee, sino de aquel que la necesita.
Y aunque los focos se han encendido en el norte del Cauca, donde actualmente se vive una álgida confrontación entre indígenas invasores y comunidades afrodescendientes que defienden su territorio, lo cierto es que este fenómeno de invasiones se ha replicado en varias zonas de Colombia.
SEMANA visitó diferentes puntos y se encontró, por ejemplo, que en las afueras de Neiva, Huila, miles de personas se tomaron un predio privado y fundaron un asentamiento llamado Gustavo Petro, en honor al presidente de la República. Pero los hallazgos no paran ahí. En Cesar, puntualmente en el municipio de Pailitas, en los últimos dos meses fueron invadidas al menos cinco grandes haciendas. Lo mismo ocurre en Remedios, nordeste de Antioquia. La situación ha escalado a tal nivel de preocupación que la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al Gobierno nacional planes concretos para encontrar una solución pacífica a esta situación.
“La invasión de tierras es un problema social que afecta de igual manera la propiedad privada y el desarrollo comunitario; por consiguiente, la convivencia y el orden público. De ahí la urgencia de atenderlo integralmente, con la articulación de todos los actores involucrados. De esta manera, será posible identificar la causa y la motivación de este fenómeno para, posteriormente, formular acciones concretas para su mitigación, prevención y superación”, dijo la entidad mediante un comunicado.
Mientras eso pasa, desde el Gobierno nacional lanzaron una advertencia para que todos aquellos predios invadidos fueran desalojados en menos de 48 horas. Sin embargo, dicho anuncio pareció más un saludo a la bandera que una orden real, pues casi 200 horas después de ese ultimátum los invasores continúan en sus lugares e, incluso, se han presentado nuevas ocupaciones ilegales.
El asentamiento Gustavo Petro
A unos 20 minutos por carretera pavimentada se llega a la región del Caguán, una pequeña población de Neiva, Huila, en donde predominan grandes extensiones de tierra desocupadas. Uno de estos predios privados de más de 50 hectáreas fue invadido por al menos unas 500 familias, es decir, cerca de 2.000 personas, entre niños, adolescentes, madres cabeza de hogar, ancianos y uno que otro avivato.
La mayoría de los invasores asegura que se siente con el derecho de tomarse este terreno por las promesas que hizo en campaña Gustavo Petro, quien aseguró iba a gobernar para darles un mejor uso a los lotes baldíos y grandes extensiones de tierra desocupadas. “Acá estoy haciendo los huecos para levantar mi rancho”, le respondió a SEMANA Anyerli Rueda, una de las invasoras del gigantesco terreno.
Para esta mujer, quien asegura ser desplazada de La Dorada (Caldas), este fue el camino que encontró para hacer su sueño realidad: tener una casa propia. “Yo necesito, tengo dos niños (8 y 10 años) a quienes debo brindar un techo y necesito mi casa propia, yo no tengo trabajo y me vine para acá porque le escuché a la gente que estaban cogiendo lotes y que se estaban metiendo y yo me metí también a guerrearla; yo no me salgo así me echen la Policía”, dice, mientras rompe con una pica metálica la tierra para clavar los palos que sostendrán su rancho.
En el predio invadido ya hay cuerdas que dividen las porciones de tierra de los nuevos ocupantes. Hay números que sirven para identificar los lotes de cada uno. El de Anyerli es el 328. “Antes de ser presidente (Gustavo Petro), él dijo que había muchos predios haciendo nada, muchas fincas grandes haciendo nada y él dijo que cuando fuera presidente les iba a dar uso a esas tierras, bien sea para cultivar o hacer viviendas y se dio la oportunidad de estar acá”, asegura John Mosquera, quien armó su carpa cerca a la de Anyerli.
Agregó que “al Gobierno le queda fácil negociar con el dueño de las tierras y que nos dé una casa a cada uno, regaladas. Nosotros no somos un país pobre”.
A pocos metros se encuentra el cambuche de José Lara, en donde vive con su esposa y dos niños pequeños. “Acá estamos porque el presidente había dicho que los baldíos y las tierras de los narcotraficantes se las iban a dar a los pobres, y yo voté por él, porque él nos prometió una vivienda a nosotros los pobres”.
Toda esta situación ha generado un rifirrafe judicial en Neiva, donde las autoridades buscan una salida negociada a esta situación. Pretenden que los invasores salgan por su propia decisión y no por el actuar del Esmad.
Cesar y Atlántico
Si por Cauca y Huila la situación es alarmante, en Cesar las autoridades ya no saben qué hacer para detener la ola de invasores. De los 25 municipios de ese departamento, 16 presentan invasiones a gran escala. El alcalde de Curumaní, Henry Chacón, dijo que el problema de las invasiones viene desde hace mucho tiempo y “ahora se agarran de lo de Petro” para tener argumentos suficientes y adueñarse de terrenos que no les pertenecen.
Carlos Javier Toro, alcalde de Pailitas, dio un panorama preocupante debido a que en su municipio se han invadido terrenos hasta de instituciones educativas. Cuenta, por ejemplo, que hace una semana sacaron a más de 100 invasores de un terreno, pero inmediatamente se tomaron otro. “En estos momentos se están levantando serios problemas sociales relacionados con la invasión y ocupación de fincas, haciendas de propiedad privada, predios públicos, que están trayendo sendas escaladas de violencia”, recalcó el mandatario en una carta enviada al Gobierno nacional.
Denunció en la misma carta que la invasión a la hacienda Calandaima trajo consigo el asesinato del “presunto propietario o poseedor del predio en referencia; mismo sujeto que en algunos momentos acusó a los mandatarios de Chimichagua, Tamalameque y Pailitas como promotores de invasiones en el territorio”. Por otro lado, en Galapa (Atlántico), organizaciones criminales estarían detrás de las invasiones de tierras. Incluso vendiendo los terrenos colonizados a bajo costo.
En Antioquia también
Una vez Petro tomó posesión como presidente el 7 de agosto, 300 personas se abalanzaron sobre un terreno fiscal del municipio de Remedios, Antioquia. Aunque las hectáreas están protegidas por ser una zona forestal, las familias se plantaron en la tierra justificando una propuesta que le escucharon al mandatario en medio de la campaña.
“Los predios fiscales son de todos y cualquiera podía acceder a ellos”, ese fue el argumento que les entregaron los ocupantes irregulares a las unidades de la Policía Nacional que trataron de cerrarles el paso. Incluso, a los uniformados les advirtieron que no podían sacarlos del sitio por la fuerza, a razón de que Petro estaba en contra de eso.
Según la administración municipal, las personas que llegaron al terreno son oriundas de varias subregiones del departamento, donde hay altos índices de violencia y venezolanos que han adecuado sus hogares con plásticos. Sin embargo, las condiciones en las que habitan no han sido esclarecidas porque se niegan a una caracterización. En Remedios se presume que alguien está controlando la invasión, aunque nadie se atreve a dar nombres propios.
Ese “alguien” estaría comercializando una parte de las hectáreas invadidas sin documentos que certifiquen la adquisición. Las autoridades tienen conocimiento de que el precio impuesto oscila entre 4 y 10 millones de pesos. Lo cierto es que en este municipio no se mueve un dedo sin el visto bueno de los cuatro grupos armados ilegales que delinquen en las calles y montañas. Entre los más temerarios aparece el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se disputan las rentas criminales de los estupefacientes y la minería de la subregión.
Aunque la Defensoría del Pueblo medió entre los invasores y la Alcaldía para encontrar soluciones a la crisis, no hubo disposición de las familias porque se sostienen en la misma palabra: “Los predios fiscales son de todos”. Esta situación se replica en otras tres zonas de Remedios, invadidas desde hace varios años.
Con este panorama queda claro que las motivaciones –y explicaciones– para invadir la tierra en Colombia parecen haber encontrado combustible en el discurso enérgico del presidente Petro el 19 de junio, cuando se confirmó su victoria. Aquellas palabras tomaron forma muy rápido y se convirtieron en un monstruo que podría desencadenar en enfrentamientos civiles, como ya ocurre en el Cauca, o con el renacimiento de estructuras armadas para defender la propiedad privada.