Después de varios meses de investigación, la Fiscalía General llevó a audiencia de imputación de cargos a cinco personas vinculadas al caso por supuesta corrupción con recursos del posconflicto. Los imputados son: María Elvira Valencia, José Domingo Ardila, Jessica Carolina Gómez y Viviana Marleny Arias Garzón. Como coordinador y jefe de esta "red de corrupción", la Fiscalía presentó también ante el juez el nombre de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, quien es testigo de Estados Unidos en el caso de narcotráfico contra Jesús Santrich, pero no se pudo conectar con la audiencia a través de videoconferencia.“Desde enero de 2017 hasta marzo 2018, los sindicados se concertaron con el fin de obtener provecho económico ilícito a través de actividades irregulares en el marco de la implementación del acuerdo de paz”, manifestó la Fiscalía.Según el organismo, Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, aprovechó que fue delegado por las Farc para desarrollar los proyectos de posconflicto en las zonas de normalización, para gestionó, de manera paralela, otros proyectos de manera irregular ante las entidades del Estado.Para ese fin, de acuerdo con la Fiscalía, habría tenido el apoyo de los otros sindicados para pagar coimas a cambio de la adjudicación de contratos.El ente investigador reveló conversaciones claves entre los imputados. En una de ellas, Jose Domingo Ardila sostiene una conversación en la que asegura cómo se quedarán con tres contratos: "el de fauto y los dos pequeños". Él asegura que los proyectos ya contaban con la aprobación de Rafael Pardo Rueda para que arrancaran."Están autorizados a nivel de presidencia por la Agencia Nacional". En la llamada da instrucciones para que se dijera que arrendaron el terreno, no lo compraron, y le asegura que cuentan con el apoyo del exgerente de la Agencia de desarrollo Rural, el doctor Géchem Turbay. "Unos los pequeños nos está ayudando el doctor Géchem, senador de la República, y los otros la doctora Argenis Velásquez, son algunos políticos que nos están ayudando para esta fundación", manifiesta.
La Fiscalía asegura que había reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura y otros altos funcionarios, al mismo tiempo que se indica que se tiene injerencia para direccionar proyectos con personalidades políticas del orden nacional. Con ayuda de los implicados, Marín habría cuadrado departamento por departamento los contratos a adjudicar y las coimas y porcentajes que recibiría cada uno. Por cada departamento, según la Fiscalía, se cobraba un valor de 20 millones de pesos, que se repartía entre los involucrados, mientras que Marín habría recibido un valor de 100 millones de pesos.Los audios presentados por la Fiscalía durante la audiencia son solo una parte de las pruebas con las que cuenta. Según reveló la entidad, se hicieron interceptaciones a los involucrados durante más de un año. De tdos los imputados, solo Jessica Carolina Gómez aceptó los cargos en su contra.