Muchos lo veían venir. Así como lo han hecho otros países y ciudades del mundo, el jueves pasado el Gobierno colombiano decretó que, a partir del 16 de noviembre, los mayores de 18 años deberán presentar el carné de vacunación covid-19 para ingresar a eventos de ocio que impliquen aglomeraciones.
Con la medida pretende garantizar el cumplimiento de la meta de vacunar al 70 por ciento de los colombianos, pero también permitir una reactivación económica segura. “Buscamos que si un colombiano, por ejemplo, va a un cine, pueda quitarse el tapabocas y estar tranquilo porque los que están al interior ya fueron vacunados”, explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.
La meta del Gobierno es haber vacunado a 35 millones de colombianos en diciembre. A noviembre 3, la cifra de vacunados con dosis completas era de 21,6 millones. Por lo tanto esperan que otros 14 millones pongan su brazo para el pinchazo en lo que resta del año. Es posible que lo logren si se tiene en cuenta que, según el más reciente Pulso Social del Dane, el porcentaje de personas que dice no estar interesado en vacunarse contra la covid-19 bajó de 11,6 por ciento en junio a 6 por ciento en septiembre de 2021. Es decir, las campañas han servido para movilizar a la gente hacia la vacunación.
La medida ha sido bien recibida, pero obviamente resultó ser un baldado de agua fría para quienes no quieren vacunarse. “Es un atropello”, “nos resistiremos”, “no nos van a obligar”, son las voces que más se han escuchado de estos grupos antivacunas. Estas son sus opiniones sobre el decreto:
“Vamos a hacer una tutelatón”
Doctor Raúl Salazar, 61 años
Médico de la Universidad del Valle desde hace 35 años
“Es una medida para asustar a la comunidad. Saben que no pueden poner una vacuna obligatoria, pero sí pueden asustar a la gente diciéndole que si no la tienen no pueden entrar a un sitio. En la práctica, a ese decreto lo vamos a tumbar. Vamos a hacer una ‘tutelatón’. Vamos a poner por ahí 50.000 tutelas. La misma comunidad va a colapsar el sistema judicial en Colombia y ya los abogados están elaborando un modelo de tutela en contra del decreto para que la comunidad libremente la haga desde su casa.
Esto no puede ser un capricho del presidente. Lamentable, muchos correrán a ponerse una sustancia altamente peligrosa. Porque es peligrosa. Estamos viendo mucha gente con problemas gravísimos. Las reacciones van desde una simple alergia hasta un problema de coagulación o un Guillain-Barré o una isquemia cerebral o un infarto cardiaco. Gente famosísima ha muerto, pero no lo van a decir.
En un ancianato en Roldanillo murieron seis viejos de infarto en una semana y cuatro quedaron con secuelas neurológicas. No somos antivacunas, sino antiexperimentos. Nos vamos a resistir a que nos maten. El engaño es que dicen que el coronavirus mata, pero un montón de médicos demostramos que lo que mata es el abandono terapéutico: si la persona se atiende desde el principio hay cero muertes. En cambio, calculamos que van a morir 30 por ciento de los vacunados. Bill Gates lo dijo desde 2010, tenemos que hacer algo para controlar el crecimiento poblacional.
Es un nuevo control de la natalidad. Nada me hará cambiar de parecer. Solo que el tiempo pase y que no haya muerto nadie”.
“El decreto es antihumano, antiempleo, antiniños”
Laura, 50 años
Diplomática
“La Constitución de Colombia no puede decir qué hacemos o qué no hacemos con nuestro cuerpo y eso incluye una inyección que no ha sido probada. El decreto no solo es anticonstitucional, es antihumano, antieconomía, antiempleo, antiniños.
No pueden obligarnos a ponernos algo que no ha sido probado y que es un experimento mundial. Una de cada nueve personas está muerta o con problemas de por vida por la vacuna. Yo no estoy en contra de ellas, sino contra la estupidez. Usar tapabocas es estúpido, así como ponerse la vacuna porque sabemos que está matando a 4 por ciento de las personas que se la ponen. Es la verdad.
Mueren cuatro veces más personas por la inyección que por el mismo covid-19, que es una gripa que se cura con medicamentos y drogas superbaratas. Han muerto futbolistas en todo el mundo, pilotos, pero eso no sale en los medios. Es deplorable que nuestras comunidades impongan esto por miedo, pero no por datos científicos.
Yo me voy de este país el 17 de noviembre y voy a vivir en el estado de Florida, donde el gobernador pasó una ley en la que establece que ninguna entidad pública o privada puede exigir verificación de vacunación.
¿Que quiero ver su tarjeta de vacunación? No, señor. No tapabocas en niños de colegios y no vacunas. Yo decido. ¿Que si creo que esta medida va a disuadir a alguien? Noooo, nunca, porque 99,7 por ciento sobrevive al covid y nosotros somos los más sanos. Mi inmunidad es 30 veces más fuerte que cualquier inyección. Ese decreto significa matar negocios, la economía, pequeñas y medianas empresas, las tiendas y matar a la gente”.
“La gente tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”
Alberto Granados, 33 años
Diseñador gráfico
“No estoy de acuerdo con la decisión del Gobierno, aunque es algo que se veía venir. Sé que están usando esta medida para controlar más a la gente y vulnerar sus derechos de libertad, de esparcimiento, de actuar libremente. Yo tengo derecho a decidir si quiero vivir o morir. La gente tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Esta es una decisión autoritaria y no tiene fundamento.
Seguiré en mi posición de no vacunarme y voy a buscar la manera de adaptarme a esa situación. Si no puedo entrar a un supermercado pues pido a domicilio. Me acomodo, pero no me vacunaré. Esa es la única opción que no tengo contemplada. Si algunos países me obligan a vacunarme para ir, mi decisión es no viajar. No tengo problemas con eso. Me mantengo en mi posición.
Suena a teoría conspirativa, pero para mí es una campaña global para despoblar el mundo. Es una vacuna experimental y resulta raro que salgan con una vacuna para esto cuando no hay contra el sida ni contra el cáncer. La propia OMS ha dicho que no nos salva de infectarnos. Entonces, ¿para qué? Cada cual con su cuerpo”.
“Es un atropello total y abominable contra la persona”
Nancy López, 60 años
“La medida es fatal porque si la vacuna tiene efectos adversos ¿por qué uno se tiene que poner eso y exponerse a que le den todos los males del mundo? La vacuna es dañina, es un experimento.
Mi hermana está muriéndose por la vacuna. Se vacunó y eso le produjo una alergia y la alergia produjo el cáncer. Además, tiene un coágulo en el pulmón y le duele la pierna. Antes de la vacuna no tenía nada y hoy después de la quimio parece un monstruo con sus ganglios inflamados y su cuerpo brotado. También tengo el caso de mi cuñado que está cojo, sin caminar y con dolor. Eso lo causó la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Y a mi hermana, que también se puso las dos de Pfizer, con la segunda dosis se le aceleró una catarata. A ella le dio covid después de las dos dosis. Entonces, ¿para qué se pone uno eso? Pienso reunirme con otros para saber qué hacer. Unos doctores en Cali nos dicen que no pueden obligarnos a ponernos las vacunas por los efectos adversos y que eso no es vacuna, sino un experimento.
Voy a hacer todos los trámites legales porque a uno no lo pueden obligar a eso por ley, hay normas internacionales que dicen que no se puede obligar a ponerla y tampoco nos pueden limitar. Si voy a la clínica, ¿no me atienden porque no tengo las vacunas? Imagínese, es un atropello total, abominable contra la persona”.
¿Podrán tumbarlo?
Es un tema crítico en el mundo hoy, cuando se debaten dos intereses constitucionales protegidos. ¿Qué debe primar? ¿La salud pública o los derechos individuales? En este caso, el primero es un bien mayor, pero el experto explica que “hay derecho a las individualidades por excepción”. Esto quiere decir que se pueden presentar tutelas individuales que solo resolverían el caso de una persona, pero no servirían para tumbar el decreto. Para ello, la persona necesitará especificar por qué no puede ponerse la vacuna: si es por tema religioso, de salud o libertad de conciencia. “Pero solo porque no quiere no da pie a tutela, pues sería un capricho sin fundamento en derechos humanos”, dice. Las personas, señala, por sus creencias pueden elegir no vacunarse, pero la sanción es no entrar a los sitios en los que el Gobierno exigirá el carné. “Si alguien quiere hacer una excepción habrá que mirar cada caso. Solo por decir que es veneno no justifica una tutela”.