Los más recientes escándalos políticos que se han destapado en el país están relacionados con datos que se revelan en conversaciones de chat e involucran posibles hechos de interceptaciones ilegales. La Fiscalía descubrió que Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia, no solo fue llevada al sótano del edificio adscrito a la Casa de Nariño para la prueba de polígrafo, sino que también estaba siendo escuchada de forma ilegal y esto lo estaría haciendo gracias a funcionarios de la Policía Nacional. Ese no habría sido el único caso, pues al parecer Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, habría perfilado a Laura Ojeda, la nueva pareja del hijo del presidente Gustavo Petro, con la ayuda de policías que “chuzaron” su teléfono celular.

Uno de los deseos que más anhela el ser humano es saber lo que pasa por la mente de otros y si hay algo que se asemeje a eso es lograr conectarse no a su cerebro, pero sí a lo que se ha convertido en una extensión de él, el teléfono móvil. Sabe quiénes son las personas con las que más se habla al día, de qué hablan, por dónde se movilizó, qué vio, guarda registro de los más íntimos secretos. SEMANA conoció que, tras los escándalos protagonizados por la familia presidencial, se incrementó la consulta de páginas y programas tecnológicos que permitan realizar interceptaciones ilegales. Incluso de detectives privados que ayuden lograr este fin. Se encuentran ofertas que van desde los $600.000 hasta los $20.000.000. Las más económicas suelen ser estafas, pero desde $1.700.000 en adelante se puede tener acceso a todo.

Antes se requerían aparatos electrónicos que utilizaban ondas electromagnéticas que desde unas cuadras de distancia podían conectarse a los dispositivos de comunicaciones; aunque se encuentran con facilidad páginas de internet y pueden costar alrededor de 10.000 dólares, lo difícil es hacer que entren a Colombia con los permisos correspondientes. Por esta razón ya no es la opción más práctica. Hay dos formas de adquirir información confidencial de los celulares, una de ellas es instalándole un software que tarda entre dos y diez minutos y ya da vía libre a navegar por la vida ajena. Pero esa alternativa requiere acceder físicamente al celular por el tiempo que necesario para hacer la instalación. Funciona muy bien en teléfonos con tecnología Android, pero no con los iPhone, que tienen códigos de encriptación mucho más avanzados.

Joven trabaja en su estudio hecho en casa. Componer música, escribir textos, hacer un trabajo 'freelance'. Imagen de primer plano que muestra diferentes equipos de 'hardware', teclados de escritura y música conectados a diferentes unidades informáticas. | Foto: Getty Images

Cuando a la persona que quieren espiar no suelta el celular por un par de minutos, no se tiene el patrón de desbloqueo o su celular es un iPhone es cuando entra la otra forma de adquirir información y es a través de interceptaciones avaladas por las autoridades judiciales, pero de forma clandestina. SEMANA tuvo acceso a varias fuentes que se mueven en el mercado negro vendiendo paquetes de interceptaciones. Es común encontrar firmas de abogados reconocidas y de agencias de investigación criminal que tienen “fichas”, en su mayoría en la Policía Judicial, que ofrecen por $15.000.000 meter ese abonado telefónico a una noticia criminal, y argumentar que la persona que lo porta es sospechosa de un delito, para así obtener con tramoyas una autorización legal para escuchar sus conversaciones. Pagando esa cifra puede tener un informe mensual de las conversaciones, pero si cancela $3.000.000 le pueden entregar un ‘backup’ de los movimientos en WhatsApp. Con los escándalos recientes teniendo en cuenta que al interior de la institución tienen la lupa puesta en estos uniformados que actuarían de manera corrupta, disminuyó la oferta y quienes se arriesgan hasta cuadruplicaron los costos.

Este medio consultó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional para conocer cuántos uniformados han sido sancionados por hechos relacionados, si tienen pesquisas abiertas e incluso en qué van las investigaciones de los uniformados involucrados en los dos casos más relevantes que se conocieron de la familia y trabajadores de la Presidencia de la República, pero hasta el cierre de esta edición no hubo pronunciamiento alguno.

Agencias de investigadores privados legalmente constituidas coinciden en decir que el 80 % de los clientes que llegan preguntando por interceptaciones lo hacen porque sospechan de infidelidades amorosas; el 15 % son padres que quieren saber detalles de la vida de sus hijos, y en el 5 % restante entran jefes que controlan a sus empleados, socios que temen engaños empresariales o para temas de competencia desleal. “Una cosa es que el cliente pregunte y otra que se pueda hacer. Eso es ilegal, uno no puede estar interceptando personas porque incurre en delitos que viola la intimidad”, explicó Jorge Izquierdo, gerente de Asesores-IP.

Las licencias de los softwares que sirven como “espías”, en realidad las venden para control parental, que es para lo que estaría permitido usarlas, fueron diseñadas para monitorear a hijos menores de edad o incluso para que los dueños de compañías que dan celulares a sus empleados y así poder llevar control y registros (el celular tiene que ser de propiedad de las empresas para que pueda realizarse); pero algunas agencias de investigación se lavan las manos diciendo que al firmar un contrato aseguran que no se hacen responsables del uso que le dé el cliente.

En otras agencias con las que este medio se comunicó y en la que ofrecen el programa de interceptaciones con fines de identificar infidelidades, aseguran al interesado que la sociedad conyugal funciona como una empresa y si se siente que los intereses de la “compañía” están en juego, pueden usar el software. Su valor puede variar según el cliente: lo más económico que se consigue es en $1.700.000 por un mes y tres meses por $3.800.000. Durante el tiempo que pague la licencia tiene acceso no solo a escuchar las llamadas telefónicas, sino que a un correo electrónico le llega copia de todas las conversaciones, videos, notas de voz, imágenes de chat como WhatsApp, Instagram, Facebook, e incluso los canales de comunicación que se creen seguros como Telegrama y Signal. Las plataformas pueden ser seguras, pero los dispositivos no, y ese es el punto que utilizan personas inescrupulosas para burlar la privacidad, aseguran los expertos.

Ahí no para la capacidad de invasión de la privacidad, con el programa tecnológico, del cual SEMANA, se abstiene de dar el nombre para evitar la promoción del mismo. Con tan solo instalar el software las cámaras tanto frontales como laterales se convierten en lentes que entregan información en vivo, sin que la víctima de interceptaciones se percate que están activadas. Lo mismo sucede con el micrófono, que con solo darle la orden el teléfono puede registrar todo lo que se hable en tiempo real sin necesidad de estar en una llamada. Realmente tiene un alcance que llena de temor a más de uno.

Para un ‘vivo’, otro ‘vivo’, muchas de las personas que llegan buscando chuzar a alguien, entran a internet y encuentran ofertas de interceptaciones de celulares por $600.000. El equipo periodístico de SEMANA se comunicó con uno de esos embaucadores y así ofrecen sus servicios: “Para instalar este software no es necesario que se tenga acceso al teléfono, ya que se instala por medio de una imagen que se envía por medio de WhatsApp; esta imagen está infectada. Cuando la persona recibe la imagen, los ingenieros pueden interceptar el teléfono, porque esta imagen lleva un algoritmo por debajo”. Escuchar ese argumento es la primera alerta de que está frente a una posible estafa, pues como ya se explicó, así no funciona el programa, se requiere el móvil en físico.

Luego ofrecen una prueba del servicio que termina siendo un gancho ciego, en el que las fingen hacer un enlace con el celular que quieren chuzar, haciendo una simulación con un bot, que no es otra cosa que una aplicación de software automatizada que realiza tareas repetitivas en una red. Los estafadores dicen que son capaces de “realizar una llamada desde el teléfono de la persona que usted nos indica a su teléfono; cuando los ingenieros tienen esto, quiere decir que ya tienen el control total del dispositivo”, pero aclaran que no pueden responder, saben que de hacerlo se les cae la fachada.

Hacker, el ladrón está usando sus dedos para presionar contraseñas para acceder a datos personales en los teléfonos inteligentes. Concepto de piratería de datos personales y piratería financiera. | Foto: Getty Images

Incluso piden que hagan la consignación después de realizar la llamada de prueba. Las personas confiadas realizan el desembolso o transferencia y luego nunca le entregan ningún tipo de reportes, porque en realidad nunca instalaron el programa espía. Lo que sí guarda el falso investigador son las conversaciones en la que piden chuzar a su pareja, la mayoría de las veces, y ese es el material clave para iniciar una extorsión que pocos denuncian por pena. Si no les da más dinero, amenazan con contarle a la persona que quería interceptar de su interés por violar la privacidad.

Esos bot que supuestamente conectan a los celulares también han sido utilizados por falsos brujos que aseguran devolver al ser amado. Les sirve para convencer a los incautos que el trabajo está funcionando porque supuestamente la persona que está siendo trabajada por fuerzas sobrenaturales ya están devolviendo la llamada a su celular sin ser esto cierto.

Para Izquierdo, esos engaños se dan por la ingenuidad de las personas que caen en ofertas falsas, dejándose llevar por avisos publicitarios en internet que ofrecen el cielo y la tierra a bajo costo. Y, por otro lado, por la falta que existe en Colombia de regulación a los investigadores privados, algo en lo que coincide Jeison Villamil, directivo de Private Investigation Tecnology S. A. S., quienes piden al Congreso regular cuanto antes el gremio para evitar que personas inescrupulosas sigan sacando provecho de las emociones del ser humano. Villamil recalcó que ninguna conversación obtenida de manera ilegal es válida como prueba en un proceso judicial.