El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, se refirió este martes a las críticas recibidas en redes sociales por el viaje que hizo el fin de semana pasado a San Andrés y Providencia, en compañía del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Córdoba fue enfático en señalar que la visita al archipiélago buscaba atender denuncias en medio de la pandemia y conocer la situación del hospital departamental.
"Nos han llovido críticas porque estuvimos el fin de semana en San Andrés. El país es la provincia. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que nos quedemos en Bogotá, detrás del escritorio? Si el jefe y la cabeza de una entidad no pueden recorrer el país, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es la descentralización que queremos, si no podemos ir a las regiones?”, dijo el contralor. “El 31 de julio se quedan sin hospital en San Andrés, en plena pandemia. Y entonces, si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Y no fuimos en aviones privados, como decían y especulaban en las redes sociales. Fuimos en un avión público, que está claramente definido que es para el uso de los funcionarios públicos, que es el de la Fiscalía General”, agregó Córdoba, quien subrayó que las necesidades de la provincia deben ser atendidas por el organismo de control.
Agregó que la Contraloría ha logrado recuperar $900 millones de un contrato de suministros y $3.500 millones de pesos en contratos relacionados con equipos médicos que presentaban irregularidades.
El fiscal Barbosa también se pronunció sobre el viaje. Aseguró que el ente acusador no seguirá en confinamiento y que continuará haciendo viajes y presencia en los territorios. “A la gente que se ha opuesto a que nos movamos de Bogotá, la respuesta es que nos seguiremos moviendo. Nadie va a limitar la agenda del fiscal general", sostuvo. A pesar de una rueda de prensa que Córdoba y Barbosa realizaron en la isla el pasado sábado, han sido objeto de polémica en redes sociales por ser señalados de haber aprovechado el viaje laboral para pasar un puente de descanso en familia. La Fiscalía argumenta que se trató de un viaje laboral en el que se adelantó agenda anticorrupción, se realizaron reuniones con la directora seccional de San Andrés y el comandante de la Policía sobre las deficiencias en Policía Judicial en más de 20 casos y se trabajaron estrategias y priorizaciones de los casos de la isla.