Cerca de 60 líderes políticos y sociales y exfuncionarios públicos suscribieron una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que critican la decisión de la Fiscalía General de anunciar un proceso de extinción de dominio a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. En la misiva califican la decisión como "un nuevo atropello contra quienes pensamos distinto y controvertimos las políticas del Gobierno nacional". "Pareciera que el nivel nacional del Gobierno estuviese interesado en entorpecer el mandato y copar los espacios propios de la gestión de la nueva administración del Magdalena, ajena a los tradicionales clanes familiares que han desgobernado el departamento durante los últimos años, dejando profundas brechas de desigualdad, pobreza, precariedad institucional y deterioro fiscal", señalan los firmantes, quienes aseguran que de "las actuaciones de los exalcaldes no se puede inferir conducta delictiva alguna".
"La Fiscalía se utiliza como martillo contra gobiernos alternativos y personalidades democráticas como las que ahora sufren este injusto atropello, y es usted, como jefe de Estado y jefe de Gobierno, quien debe garantizar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas", subrayan. La exministra Clara López, una de las impulsoras de la carta, afirmó a SEMANA que esta "responde a una persecución que se le ha montado al gobernador Carlos Caicedo (...) Se trata de desempolvar un viejo proceso y anunciar que le van a hacer una extinción de dominio de sus pocos bienes para enlodar su nombre, para desprestigiar, deslegitimar su actuación al frente de la Gobernación del Magdalena". Según López, actualmente "se percibe un enrarecimiento de las libertades democráticas en el país". "Está funcionando en Colombia lo que ha funcionado en muchos sitios que se llama ‘lawfare‘, guerra jurídica. Es la instrumentalización de las herramientas jurídicas no para hacer justicia, sino para perjudicar a quienes tienen posiciones de inconformidad social y política", sostuvo. Y agregó: "Le pedimos al presidente que garantice los derechos de igualdad ante la ley de todos los actores, no solamente de los que aplauden al Gobierno, sino de los que pertenecen a la oposicion".
La carta fue sucrita, entre otros, por los exmagistrados de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas, el economista Salomón Kalmanovitz (exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República), el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y casi la totalidad de la bancada de senadores y representantes de la oposición, entre ellos los senadores Gustavo Petro, Angélica Lozano e Iván Cepeda. Como argumento de su decisión, la Fiscalía señaló que los funcionarios suscribieron contratos que representaron una renta ilícita de 4.129 millones de pesos, durante sus mandatos como alcaldes de Santa Marta. El ente investigador indicó que los inmuebles sujetos a la extinción de dominio, los cuales están avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido "adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales solo uno fue terminado".