En total, son 30 comunidades rurales las que están encerradas en sus viviendas desde hace 576 horas por cuenta de las amenazas del ELN en el municipio de Nóvita, sur del Chocó.

En palabras de la Defensoría del Pueblo, más de 4.000 personas “están secuestradas” mientras la organización delincuencial toma el control de la zona para afianzar sus rentas ilegales.

El mensaje de cesar las actividades ilícitas fue transmitido a través de redes sociales y llegó hasta las comunidades indígenas que están sumergidas en la selva del pueblo desde abril.

La orden no estaba justificada, pero los habitantes entendieron que se tomó para cerrarle el paso a los miembros del Clan del Golfo que pretenden arrebatarle la ruta al ELN.

Todo aquel que ha incumplido con las imposiciones de los delincuentes ha sufrido. En la lista de los líderes sociales del territorio hay homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores de edad.

Tulio Hurtado, representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, denunció que las autoridades tienen al pueblo sumergido en el olvido, mientras los grupos armados gobiernan sin limitaciones.

En contraste, el Ejército Nacional respondió que acompaña permanentemente a los habitantes y que adelanta labores para neutralizar a los grupos que delinquen en la población.

Río cerrado

Si bien los problemas se duplican cada hora, la principal dificultad es la movilidad. El río Tamaná es el principal corredor fluvial del municipio -une a más de 25 veredas con la zona urbana-. Pero por imposición del ELN, ninguna lancha puede navegar sobre el agua. Es decir, a las comunidades más alejadas no llega desde hace 24 días ningún tipo de productos y servicios.

Luis Enrique Murillo Robledo, defensor del Pueblo Regional Chocó, detalló que en los hogares no hay alimentos y los enfermos no se han podido trasladar hacia los hospitales cercanos, porque no tienen garantizada la seguridad.

“Más que una emergencia, hay una crisis humanitaria que nosotros anticipamos en 2021 cuando emitimos la alerta temprana. Las comunidades no tienen ni sal para cocinar. No salen a pescar ni a cazar por miedo. Lo mismo pasa con la educación, los docentes no ingresan por miedo. El Gobierno ha estado presente y lo mismo las autoridades, pero es una situación difícil”, narró el defensor.

El vocero del Consejo Comunitario Mayor de la localidad reconoció que los indígenas y afrodescendientes están sufriendo: “Las comunidades están aguantando hambre. Nos sentimos abandonados. Estamos corriendo a la voluntad de Dios. La situación que estamos viviendo es compleja y caótica”.

Frente a este escenario, familias enteras han huido de las veredas hacia Cali, Pereira, Cartago, Armenia y Quibdó. Entre los desplazados se encuentran dos líderes sociales que fueron declarados objetivo de los ilegales por defender el territorio.

¿Quién responde?

La Séptima División del Ejército Nacional reveló que en la zona hay una fuerte disputa por el narcotráfico, y la población ha quedado en medio de las confrontaciones entre el frente Ernesto Che Guevara del ELN y la subestructura de Carreteras del Clan del Golfo, por lo que han identificado violaciones al derecho internacional humanitario.

En contravía de la información emitida por las comunidades, la institución aseguró que ha acompañado a las familias de Nóvita con vigilancia redoblada por aire, tierra y agua. Este año, por ejemplo, el Gobierno nacional ordenó el traslado de una unidad especial para contrarrestar las acciones terroristas y todavía tiene actividad en la zona.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán de Chocó, brigadier general Óscar León Murillo Díaz, indicó que el temor infundido por las redes sociales ha generado zozobra, pero los hombres del Ejército las han desestimado con la presencia.

“He sido testigo del seguimiento que le ha hecho el alto gobierno a este municipio. Nóvita es importante para nosotros. Es uno de los municipios donde hay más unidades tipo pelotón que están haciendo control por lo complejo del área. Las tropas las hemos mantenido”, argumentó el comandante.

Las peticiones

La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y los líderes sociales del Chocó coincidieron en solicitarle al Gobierno nacional la habilitación de una ruta humanitaria para poder atender las necesidades básicas de las comunidades que están sometidas al confinamiento.

“No solo llevar alimentos, sino prestar una atención integral”, concluyeron.