Edwin Gilberto Ballesteros, exrepresentante a la Cámara, resultó enredado en un escándalo de corrupción en el departamento de Santander, ahora y tras su renuncia al Congreso, el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. En este nuevo escenario el ente acusador hará una nueva imputación de cargos y precisó algunos hechos.

El enredo del excongresista está en líos por una serie de contratos firmados durante un año en la Gobernación de Santander, cuando era gerente de la Empresa de Servicio Público de Santander y donde recibió, al parecer, una millonaria retribución por intervenir en la contratación.

“Las conductas están relacionadas con cinco contratos, suscritos entre 2014 y 2015, en los que habría tenido participación Edwin Gilberto Ballesteros Archila como gerente de ESANT, y en los que la evidencia da cuenta de posibles anomalías en el trámite, celebración y ejecución”, dijo la Fiscalía.

La investigación en contra de Edwin Ballesteros arrancó en la Corte Suprema de Justicia a través de la sala especial de instrucción, allí adelantaron todos los actos urgentes, los detalles preliminares de la indagación y la posible participación en hechos de corrupción del excongresista, sin embargo, él renunció a su curul en el Congreso de la República y así las cosas el proceso terminó en manos de la Fiscalía.

“La investigación fue asumida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien luego de hacer las valoraciones del material de prueba obtenido y realizar las adecuaciones para que el expediente se siguiera dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) encontró méritos para adicionar o precisar algunos delitos”, dijo la Fiscalía.

En el marco del proceso y de la nueva indagación que adelanta la Fiscalía, se estableció que Edwin Ballesteros tendría responsabilidad en al menos 13 cargos distintos por delitos que incluyen concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, cohecho propio y concusión. Ese será el sustento de la nueva imputación de cargos.

“El proceso penal inició en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en atención al fuero que ostentaba el señor Ballesteros Archila. Sin embargo, luego de renunciar a su curul en el Congreso de la República, el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2021″, señalaron desde el ente acusador.

La Fiscalía tendrá en cuenta el principio de oportunidad firmado con los testigos que declararon en contra del también excongresista y exgobernador de Santander, Richard Aguilar y donde advirtieron de qué manera se estaban tramitando los contratos en la entidad y los millonarios sobornos que se estarían entregando.

Luego de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra del excongresista Ballesteros, el ente acusador revisará el material probatorio y los sumará al escrito de acusación en su contra por los delitos mencionados en la diligencia. A partir de ese momento buscarán que un juez condene al exparlamentario por las irregularidades en los contratos de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.