Una lluvia de indagaciones empezaron a caer sobre la administración de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá, por parte de la Procuraduría. La más reciente tiene que ver con las presuntas irregularidades que se presentaron con la construcción de la alcaldía de Tunjuelito, una localidad ubicada en el sur de la capital.
Para la procuradora primera Distrital, Helga Rodríguez, se “ordenó la apertura de indagación previa con el propósito de revisar si existió, al parecer, algunos sobrecostos en la entrega de la obra de la alcaldía local de Tunjuelito, efectuada en enero del año 2022. Este contrato tuvo tres prórrogas y dos adiciones, pasando del valor del contrato de $20 mil millones a $30 mil millones”.
Para esclarecer este nuevo escándalo de presunta corrupción durante la administración de Claudia López en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas en todas las entidades involucradas en la obra para conocer en detalle todas las acciones que se llevaron a cabo para adelantar dicha obra.
Con esas pruebas se trata de determinar todos los detalles del contrato para construir la edificación que se entregó en enero de 2022, y tratar de hallar las justificaciones financieras y técnicas para que se permitieran las prórrogas y las adiciones al presupuesto que habrían dejado el multimillonario sobrecosto.
Esta nueva indagación disciplinaria contra la alcaldía de López se conoce un día después de que la Procuraduría también abriera una investigación contra varios funcionarios del Fondo de Desarrollo Local que habrían incurrido en sobrecostos en la ejecución de más de once mil millones de pesos, asignados para servicios y obras en las localidades de Bogotá.
“Los posibles sobrecostos en la contratación de bienes y servicios, con, además, presuntas deficiencias en sus justificaciones técnicas y financieras para las solicitudes de adiciones presupuestales para estos en alrededor de 20 alcaldías”, anunció el ente de control.
La Procuraduría alertó que con esa indagación se buscan posibles pagos indebidos y que excedieron diferentes convenios administrativos que presuntamente no cumplían con las obligaciones contractuales, y eso habría traído aparentes problemas en la planeación de las obras de infraestructura para el desarrollo de las localidades de Bogotá.
El Fondo de Desarrollo Local de Bogotá se encarga de administrar y asignar los recursos de cada localidad de la capital del país para que se presten servicio y se construyan obras a cargo de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Ahora la lupa de la Procuraduría está puesta sobre esa entidad.
A cuatro meses de que finalizara el periodo de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá, se han conocido múltiples denuncias sobre casos de corrupción que se presentaron durante su administración; como los miles de contratos que tuvieron las subredes de salud en el año 2022, una situación que alertó el concejal del Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque.
Así mismo, la concejal Rocío Dussán, recientemente aseguró en un debate de control político a la atención en salud de la ciudad que esa administración realizó un convenio en 2021 para la construcción de un centro de salud mental en el Hospital de San Blass y el cual aún no tiene avances en obras, y ni contaba con licencia de contrucción.
“Estos incumplimientos agravan una situación preocupante: el deterioro de la salud mental y falta de atención para la población más vulnerable que es la que atiende la Red de Salud Pública”, dijo la concejal.