Una nueva indagación abrió la Procuraduría General de la Nación a las EPS que se vieron involucradas en las presuntas irregularidades sobre la destinación del manejo del presupuesto de los recursos para atender la salud de los colombianos, dichas inconsistencias fueron alertadas en un robusto informe que emitió la Contraloría General de la Nación.
En un comunicado, la Proraduría explicó que “ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS)con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020, emitido por la Contraloría General de la República”.
La indagación arrancó por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública para verificar si a las EPS les era aplicables el principio de anulidad que rige en materia presupuestal. Lo cierto es que la Contraloría en su último informe sobre las Entidades Prestadoras de Salud, reveló un grave panorama sobre el manejo de la plata para atender la salud de los colombianos.
“Las actuaciones disciplinarias son para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC - presupuestos máximos - y las Unidades de Pago por Capitación (UPC) girados por la ADRES en el año 2020″, explicó el ente de control.
Hay que recordar que el pasado 5 de agosto, la Contraloría presentó un informe sobre el presunto detrimento patrimonial que se ha registrado en por lo menos 24 EPS promotoras de salud, en ese documento, se conoció que algunas Entidad utilizaron el recurso de la salud en gastos innecesarios o que no tendrían relación alguna como clases de yoga y vales de gasolina.
Cerca de 40.000 millones de pesos se destinaron a pagos de: honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC.
La Contraloría explicó que esos hallazgos se dieron tras “analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la Adres a las EPS en la vigencia 2020; asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y variaciones patrimoniales”.
Pero ahora con la investigación que abrió la Procuraduría, se trata de establecer quienes fueron los posibles responsables de dichas incosistencias, determinar la conducta y definir si se actuó bajo alguna causa de exclusión de responsabilidad.
Lo grave del informe de la Contraloría es que por lo menos se desviaron 6 billones de pesos justo cuando el país y el mundo pasaba por una de las crisis más difíciles para la salud de la humanidad, a causa de la pandemia que generó el COVID-19. El documento detalló que “lo hallado por el equipo auditor sobre la materia objeto de análisis con respecto al uso y destinación de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la Adres a las EPS, en la vigencia 2020, no tuvo la destinación específica de los recursos públicos, por lo que se incumplieron preceptos constitucionales y legales, previstos para tal fin”.