La nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló sobre uno de los pilares fundamentales que se vienen en la reforma a la justicia que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro: brindar principios de oportunidad o preacuerdos en delitos graves como el terrorismo y el abuso sexual a menores de edad.
Para la ministra Buitrago “hay que poner límites a los principios de oportunidad, pero también tienen que ser efectivos. En este momento la Fiscalía, desde que comenzó el sistema, tiene 64 mil principios de oportunidad, lo que es nada, en un cúmulo de 27 millones de procesos y sobre esos elementos mirar dónde cabe el principio de oportunidad, porque hay comportamientos que no pueden permitir el principio de oportunidad”.
La controversial propuesta, que nació en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, se basa en una descongestión del sistema penal y una reducción de los niveles de impunidad, a través de beneficios judiciales a sindicados de delitos graves como el terrorismo o la pederastia.
“Lo que sí creo que hay que mirar son las normas internacionales frente a la aplicación de los principios de oportunidad y los preacuerdos, frente a la necesidad de entender que no todo se vale y sobre esos supuestos de mirar que cada uno de los planteamientos que se hagan sí tienen que colaborar a la justicia”, fue uno de los primeros cuestionamientos que hizo la nueva ministra de Justicia a su llegada a la cartera.
El pronunciamiento de la ministra Buitrago se dio después de que finalizó la comisión de expertos que se reunió en el oriente de Bogotá para construir las reformas a la justicia que, según el saliente ministro Néstor Osuna, se van a presentar en el Congreso de la República el próximo 20 de julio.
Osuna explicó en su momento que “lo que está previsto en esas propuestas de reforma es que la fiscalía del caso y el juez de control de garantías puedan llegar a un acuerdo que permita, a partir de la información que suministra una persona capturada, una persona sindicada, a partir de su colaboración con la justicia, por ejemplo, descubrir dónde están los bienes, las rutas, para desmantelar toda la estructura criminal, ofrecerle a esa persona una condena anticipada sin necesidad de ir a juicio y, por supuesto, una condena que esté entre el mínimo y el máximo legal que se permite, pues se pueda contener algún beneficio dentro de la ley para esas personas”.
Poner “límites” a los principios de oportunidad por parte de la nueva ministra de Justicia se da en medio de los acuerdos con la Fiscalía que buscan los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla, para destapar toda la olla de corrupción que se cocinó en esa entidad.
Por la colaboración que han brindado López y Pinilla han terminado salpicados congresistas como Iván Name, Andrés Calle y Wadith Manzur, este último el presidente de la Comisión de Acusación que investiga al presidente Petro por las supuestas irregularidades para financiar su campaña.
En medio de esas investigaciones, la Corte Suprema de Justicia también ha llamado a declarar a altos funcionarios del Gobierno Petro como el saliente ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz; el exdirector del Dapre y actual director del DNI, Carlos Ramón González, y el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Por el momento, la Fiscalía liderada por Luz Adriana Camargo no ha decidido si le va a brindar algún principio de oportunidad a López y Pinilla, y José Luis Moreno, defensa de Olmedo cuestionó a la Fiscalía sobre esa decisión, pues espera que “la Fiscalía General de la Nación honre los compromisos que hemos venido adquiriendo frente a la colaboración que hemos desarrollado frente a los interrogatorios para seguir aportándole a la justicia los elementos de prueba frente a su dicho”, dijo José Luis Moreno.