Sin que aún haya terminado el escándalo por la reunión que sostuvo el hermano de Gustavo Petro con condenados por corrupción y parapolíticos en la cárcel La Picota, el candidato presidencial del Pacto Histórico se vio envuelto de nuevo en una dura controversia.

Esta vez la polémica tiene que ver con una controversial propuesta suya: crear una JEP para narcotraficantes.

El pronunciamiento, que pasó desapercibido en su momento, fue grabado y publicado en redes sociales por la Colombia Humana, el movimiento al que pertenece el candidato presidencial de izquierda.

En la grabación, del pasado 11 de febrero, Petro habla en Aguachica (Cesar) de buscar un “desmantelamiento pacífico del narcotráfico” e inmediatamente explica de qué se trata.

“Procesos jurídicos de sometimiento colectivo a la justicia, lo que implica beneficios jurídicos a cambio de no repetición de la actividad narcotraficante, eso puede usted llamarlo una JEP para el narcotráfico”, explicó el candidato del Pacto Histórico, en medio de la grabación de mediados de febrero de este año y que fue revivida en medio de la discusión sobre el llamado “perdón social”, con lo que se demostraría que, contrario a lo que se ha dicho desde su campaña, Petro contemplaría beneficios judiciales a personas señaladas de graves delitos.

Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato presidencial de Salvación Nacional Enrique Gómez, quien aseguró que “este nivel de descaro se sale de todo tipo de proporciones”.

“El llamado perdón social no solo es ofrecido a los que más han robado en la historia reciente, sino a los narcotraficantes más peligrosos del país”, apuntó Martínez.

Las críticas también llegaron desde el Centro Democrático, donde hubo indignación por este planteamiento de Petro.

“¿El señor de las bolsas ahora quiere una JEP para los narcos? Definitivamente está empeñado en darle perdón a todos los criminales para conseguir votos. Ni para narcos, ni para bandidos debe haber perdón social; lo que debe haber es justicia con todo el peso de la ley”, indicó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Desde este mismo sector político se pronunció el senador Gabriel Jaime Velasco.

“Ya hemos visto cómo la JEP ha permitido la impunidad de grupos terroristas. Ahora Petro propone el mismo modelo y beneficios jurídicos (es decir, reducción de penas) contra narcotraficantes. Y siguen negando que dar ‘perdón social’ a corruptos, terroristas y ahora narcos”, indicó el senador Gabriel Jaime Velasco.

Por su parte, el representante César Lorduy expresó “temor” por la forma en que sería tramitada una reforma de este tipo, pues está claro que, en caso de llegar a la Presidencia, Petro no tendría las mayorías en el Congreso.

“Lo que más me llama la atención, pero sobre todo me preocupa enormemente, es que sus propuestas de perdón social o de una JEP para los narcos, son formuladas sin límite legales, como si la constitución no existiera o incluso existiendo, el Congreso se plegaría sin consideración alguna a esas propuestas, ya sea porque tendría las mayorías absolutas o incluso como si este tampoco existiera. Es triste ver que el Congreso desde la expedición de la Ley 1709 hasta la fecha no ha hecho sino limitar e incluso excluir beneficios para los autores de los delitos sobre los que se propone perdón o JEP, y ahora resulta que se propone lo contrario”, indicó Lorduy.

En Colombia, ya existe la Ley 1908 de 2018, conocida como Ley de sometimiento a la justicia, que busca justamente que grupos armados organizados se puedan someter colectivamente a la justicia a cambio de beneficios penales. Se establece, además, la posibilidad de reclusión en granjas agrícolas, que podrán ser de máxima, mediana o mínima seguridad para que los condenados que se hayan acogido a esta norma paguen sus penas.

Sin embargo, lo planteado por Petro, además de la posibilidad de “beneficios jurídicos”, plantea la duda sobre si se crearía una nueva jurisdicción especial, lo que implicaría, en caso de ser similar a la JEP, que los narcotraficantes tendrían sus propios jueces y un sistema de juzgamiento especial.

Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los excombatientes de las Farc, quienes son juzgados por la JEP, a pesar de que son acusados de graves delitos, aún no han perdido sus derechos políticos y algunos de los líderes pueden estar en el Congreso como parte del acuerdo de La Habana.

Aún no está claro si este “desmantelamiento pacífico del narcotráfico” planteado por Petro tiene alguna relación con el llamado “perdón social” propuesto por él mismo, sin embargo, a finales del año pasado, el candidato del Pacto Histórico dio algunas luces al respecto al mencionar estos dos conceptos que tendrían alguna relación.

“Un saludo en las cárceles a todos y todas las presas; los más excluidos de los excluidos. En Colombia Humana la cárcel será para educarse y trabajar. Habrá la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico. La opción de un perdón social”, expresó Petro en su momento.