El 15 de enero Leonardo Licht, un joven de 21 años que trabajaba para TransMilenio, perdió la vida luego de que un hombre que intentaba colarse en el servicio de transporte lo agredió con un arma blanca. El hecho ocurrió dentro de la estación de la avenida Jiménez, después de que Licht intentó persuadir al atacante para que pagara el tiquete.Con el propósito de combatir situaciones de intolerancia como estas, que se presentan a diario en el país, el próximo 30 de enero entrará en vigencia en el país un nuevo Código de Policía. En los países más liberales del mundo hay estrictos protocolos para castigar a quien vulnere las libertades y derechos de los demás: quien no deje dormir a los demás haciendo ruido, quien bote la basura en la calle, quien maltrate los animales, quien venda un celular robado, o quien dañe el mobiliario urbano. Y en Colombia estos protocolos no se revisaban hace 40 años, cuando las ciudades eran más pequeñas y la agenda del civismo era otra: la protección animal no era una prioridad, el espacio público no tenía relevancia y los celulares ni siquiera existían.Aunque el código es fundamentalmente preventivo, también considera multas y sanciones que le permitirán a la Policía castigar proporcionalmente todo tipo de contravenciones. Algunas de ellas serán determinadas por cada ciudad dado que, en términos de convivencia, en cada una de ellas las realidades y prioridades son distintas.BogotáLa Alcaldía de Bogotá fue una de las que más lobby hizo para aprobar el Código de Policía. Un estudio realizado a comienzos de 2016 por la administración distrital, evidenció que las riñas, los colados, los grafitis no artísticos, las basuras y los ruidos son las situaciones que más afectan la calidad de vida de los bogotanos.Según el informe del proyecto Bogotá Cómo Vamos de 2016, el 45 por ciento de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad. Esa percepción tiene que ver con el auge de las peleas, que en la capital dejan más de 50 lesionados diarios, cifra que aumenta en las noches de los viernes y los sábados.En el caso de TransMilenio, la percepción de seguridad también se ve vulnerada por las ‘colatones’ de personas que abren a la fuerza las puertas de las estaciones. El año pasado, los colados le costaron a los bogotanos casi 50.000 millones de pesos: 42.000 en pasajes que dejaron de pagar y más de 6.000 necesarios para arreglar las puertas. Desde ahora habrá multas de 16 salarios mínimos diarios a quien dañe los sistemas de acceso al transporte masivo.De otra parte, el 66 por ciento de los bogotanos cree que la contaminación visual es excesiva. El año pasado, la Secretaría de Ambiente quitó 9.000 afiches, pendones, pasacalles y vallas, y limpió fachadas que al poco tiempo estaban sucias de nuevo. El nuevo código contempla multas de 184.000 pesos por hacer grafitis no artísticos o en zonas públicas no permitidas. También se multará a quienes saquen la basura a horas que no son, o no recojan los excrementos de sus mascotas.Por último está el tema del ruido. Siete de cada diez bogotanos se sienten afectados por los locales con megáfonos y los vecinos fiesteros. Desde el 30, la Policía podrá sellar establecimientos que superen los umbrales permitidos o cortar la fuente de energía de una fiesta bulliciosa.MedellínEn la capital de Antioquia los temas que más preocupan a la administración tienen que ver con seguridad. Según el subsecretario de Gobierno, Andrés Tobón, solo en 2016 hubo más de 150 riñas callejeras. Por si fuera poco hubo 97 homicidios por convivencia, derivados de peleas simples entre vecinos que se fueron creciendo con el consumo de licor.La situación en diciembre fue particularmente delicada. En ese mes, 722 personas denunciaron que sus vecinos estaban contaminando, causando desórdenes domésticos o protagonizando actos de violencia intrafamiliar. Para contrarrestar esta situación la Policía podrá entrar a una vivienda, sin necesidad de una orden judicial, solo como medida de protección para socorrer y salvaguardar la vida de cualquier persona que esté pidiendo auxilio.Otros temas que preocupan a los paisas son la perturbación de la tranquilidad por escándalos causados por personas embriagadas en la calle, que ahora podrán ser llevadas de un lugar a otro por la Policía, y la invasión del espacio público, que será multada.BarranquillaDurante los últimos tres meses la Alcaldía de Alejandro Char ha desarrollado campañas pedagógicas para insistir en que el nuevo código, más que sancionatorio, es preventivo. Además busca hacerle contrapeso a los hechos que más molestan a los barranquilleros como arrojar basura a los arroyos, lavar vehículos en la puerta de los hogares, hacer fiestas que excedan los niveles de ruido, colarse en el sistema de transporte masivo y atentar contra el medioambiente.Frente a este tipo de contravenciones, el código estipula que los agentes de la Policía podrán amonestar o poner multas que en el caso de la basura en los arroyos –que en cada temporada invernal mueven 150 toneladas de basura— podrán ser de 786.880 pesos. Para el caso de las rumbas indeseadas, el monto está en 393.440 pesos y el que cometa una agresión en un bus deberá pagar 98.360 pesos.Hoy en día, la administración invierte cerca de 150.000 millones de pesos anuales en limpiar arroyos y Transmetro pierde 10 millones de pesos diarios por cuenta de los colados, que hoy equivalen al 5 por ciento de los pasajeros.CaliEn esta ciudad los delitos menores son un problema de marca mayor. Así lo reflejan las estadísticas que maneja la Policía sobre las quejas que atiende cada año en las 27 estaciones dispersas por toda la ciudad. En el tema de riñas callejeras y peleas entre vecinos fueron encausados 23.353 contraventores el año pasado, 184 casos más que en 2015. “Sin las normas de convivencia del Código, en Cali podríamos hacer poco contra esas contravenciones”, asegura Corina Rojas, inspectora superior de la Policía caleña.Según estadísticas de seguridad y convivencia que maneja el programa Cali Cómo Vamos, en 2015 se registraron 207 casos de violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes. Aunque la cifra disminuyó frente a 2014, la estadística no es halagadora y sigue siendo superior a la media nacional.Rodrigo Valencia, coordinador de la Casa de Justicia ubicada en el mítico distrito de Aguablanca, una de las zonas más deprimidas y vulnerables de Cali, resume las expectativas frente al nuevo código. Según el funcionario, de las 2.530 personas que cada mes acuden a esa dependencia 557 lo hacen para solicitar la intervención de un inspector de Policía para solucionar problemas con vecinos por ruido, mascotas, basuras, chismes y hasta robos en tiendas, “Aunque un dato alentador es que en el tema de delitos menores o querellas la gente prefiere conciliar, necesitamos el Código”, dice.