La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer de la Aeronáutica Civil por la presunta suscripción de cuatro procesos de contratación por $ 20.000 millones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
El Ministerio Público, en la decisión conocida por SEMANA, le puso la lupa a los presuntos cuestionamientos a la contratación millonaria de la Aerocivil; además, al parecer, carecen del aval del director de telecomunicaciones de esta; y los posibles desacuerdos de los directores técnicos con estos hechos.
La Procuraduría segunda distrital busca identificar los negocios jurídicos en cuestión, los cuales corresponden, presuntamente, a dos licitaciones públicas; la primera para poner en funcionamiento equipos de comunicación de alta frecuencia para Barranquilla por $ 10.779 millones y la segunda para instalar y poner en servicio sistemas de comunicaciones de voz en torres de control por $ 6.090 millones, ambas con el uso vigencias futuras.
A su vez, dos contrataciones directas para la adquisición de equipos de radares por $ 6.000 millones; por tanto, el ente de control inició la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones que son objeto de investigación.
No es el único caso
El posible vínculo entre miembros de la unidad aeronáutica y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes es otra de las “fracturas” en el interior de un organismo en el que se mantiene la lupa.
“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Aeronáutica Civil, por las presuntas irregularidades contractuales y otros hechos de corrupción que se habrían registrado en los últimos años en esa entidad”, señaló el órgano de control.
Los puntos de “quiebre” en Aerocivil giran en torno a la firma irregular de contratos de prestación de servicios. También, en relación con sobrecostos en la adquisición de herramientas tecnológicas, repuestos, infraestructura, y elementos de comunicación, por ejemplo.
Anuncio del Ministerio de Transporte
Luego de las revelaciones que destapó SEMANA, el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, anunció medidas para “desenredar” una red en la que el común denominador ha sido quedarse con el dinero público. Cuenta de ello son una serie de documentos, el listado con más de 100 funcionarios, correos, audios y videos que abren la puerta a una de las “ollas” de corrupción que ha sacudido al país en los últimos años.
“Llegó el momento de tomar acciones, de tomar decisiones de fondo y de investigar denuncias que se han hecho de corrupción en los aeropuertos, de malos manejos, de contratación, de no cumplimiento de normas en concursos, porque estos no son hechos nuevos. Así que vamos a trabajar Gobierno, sindicatos y órganos de control para llegar al fondo de este asunto y luchar contra este flagelo de frente”, aseveró el titular de esa cartera.
En ese sentido, la investigación de la Procuraduría intenta establecer el vínculo que pueden tener servidores de la Aerocivil con narcotraficantes no solo en la capital, sino en otras ciudades del país. El proceder del órgano espera determinar la ocurrencia de las conductas mencionadas, si estas constituyen una falta disciplinaria y, particularmente, conocer con precisión quiénes son los trabajadores relacionados con los hechos irregulares.
¿Cuál es el “entramado”?
Las denuncias a las que tuvo acceso SEMANA dan cuenta de que no se trata de hechos recientes; por el contrario, son años en los que las irregularidades han sido, bien sea omitidas, o dejadas en un segundo plano. Entre las compras que resultan “escandalosas” están sillas ergonómicas por casi 11 millones de pesos cada una, repuestos que nunca funcionaron o que, en el peor de los casos, jamás llegaron a instalarse. También se hace referencia a la venta de licencias para pilotos a 10 millones de pesos.
En cuanto a los controladores, los documentos revelan que algunos hacen parte de una red en la que supuestamente se encargan de tareas específicas, como apagar los radares o parquear las aeronaves en lugares ya establecidos donde presuntamente se carga la droga.
Por su parte, el director de Aerocivil, Francisco Ospina Ramírez, dijo que los casos denunciados no son nuevos y aseguró que no ha habido omisión. El titular de esa oficina detalló que, por lo menos, son 18 los procesos sancionatorios en curso relacionados con el incumplimiento de contratos.