A través de su cuenta de X, el superintende de Subsidio Familia y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, confirmó que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos. Se trata de uno de los alfiles más cercanos al petrismo.
A través de su cuenta de X, Pérez indicó que “la Procuraduría me ha sancionado con 12 años de destitución e inhabilidad general, en investigación que se originó por orden de la Dra. Margarita Cabello, al haber pedido apoyo voluntario y solidario a la iniciativa de paz de monseñor Rubén Darío en B/ventura y por haber abierto una lista cerrada que me dejó el gobierno anterior para nombrar directores o agentes de intervención de cajas intervenidas”.
Por esa razón, el ahora saliente superintendente convocó “a todos los medios para que me acompañen mañana en rueda de prensa en la sede de la CUT Nacional a las 10 am, me acompañará las centrales obreras y mis abogados”.
Desde noviembre del año pasado, la Procuraduría le formuló cargos y suspendió a Pérez Casas por las modificaciones que realizó a la lista de elegibles para los cargos de directos administrativos y agentes interventores de las cajas de compensación.
Pero sobre lo que dijo el superintendente en su cuenta de X, tiene que ver con los cargos disciplinarios que también le formuló el ente de control por solicitar a las cajas de compensación vigiladas para que aportaran dinero para la población de Buenaventura, en el Valle del Cauca.
“Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla”, detalló la Procuraduría.
Bajo esa condición, el entonces Superintendente de Subsidio Familiar pudo designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila (Confamiliar).
Para la Procuraduría “el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable”.
Pérez fue suspendido provisionalmente con el argumento de que si se mantenía en el cargo podría volver a incurrir en la misma falta disciplinaria, es decir, habría seguido cambiando la lista de elegibles para designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.
Sobre la solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a Buenaventira, el Ministerio Público explicó que “independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Para la Procuraduría esa petición pudo entenderse en las cajas de compensación como una orden, teniendo en cuenta las funciones de vigilancia y control de Pérez sobre ellas. En un evento público que se desarrolló en diciembre de 2022, el Supersubsidio reconoció que por esa petición recibió más de 900 millones de pesos.