En días pasados se dio un cruce de fuertes declaraciones entre el senador del Polo Jorge Robledo y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por cuenta del acuerdo preliminar que esta última había buscado con los bancos que financiaron el proyecto de la Ruta del Soll II. El acuerdo puso en el ojo del huracán a la ministra y al gobierno mismo, pues en este se planteaba pagarle 1.2 billones de pesos a los bancos que, según Orozco, habían actuado como terceros de buena fe. Al final, el tribunal de arbitramento ordenó el pago de solo 211.000 millones de pesos. El acuerdo fue revelado por la periodista Maria Jimena Duzán, quien a través de su columna en la Revista Semana cuestionó los detalles de la millonaria negociación y el hecho de que a través de un acuerdo con los bancos se intentara esquivar el laudo que estaba por proferir el tribunal de arbitramento. Todo esto ocurrió a pocos días de proferirse el laudo que tasó la cifra real que el Estado debía pagar. El argumento del Gobierno para defender el acuerdo era que este estaba buscando el mal menor para las arcas del Estado. Según la ministra Orozco, esa negociación iba a ahorrarle a los colombianos cerca de 230.000 millones en intereses, a los cuales los bancos estarían dispuestos a renunciar. El Gobierno quiso pactar un pago por el menor valor de los distintos peritajes para mitigar el impacto en las cuentas de la Nación si el Tribunal determinaba que la cuantía de la cifra era más alta. El Gobierno al parecer no contaba con que el Tribunal hiciera lo que hizo: declarar nulo el contrato por haber sido obtenido de manera corrupta y tasar las restituciones únicamente por el valor de la obra ejecutada. Puede leer: El coletazo de Odebrecht luego del veredicto arbitral En consecuencia, el tribunal estableció que el monto a pagar era de 211.273, de los cuales 187.056 ya estaban contemplados en la fiducia. Es decir, en plata blanca el desembolso que asumirán los contribuyentes sería de solo 24.217 millones de pesos. Esa es una cifra muy lejana a los 1.2 billones que quiso pactar el gobierno antes de que se conociera el laudo y que iban a ser pagados con cargo al bolsillo de los colombianos. La del senador Jorge Enrique Robledo ha sido una de la voces más críticas en este proceso y lo ocurrido en las últimas horas confirma que el congresista seguirá ahondando en el tema. A través de una queja disciplinaria que acaba de interponer ante la Procuraduría, el senador reitera sus cuestionamientos al esquema de negociación y su inconveniencia. No obstante, va mucho más allá: plantea que la ministra estaba inhabilitada para adelantar la negociación con los bancos. El queja disciplinaria asegura que la ministra habría vulnerado el Código Disciplinario (Ley 734 de 2002) en los artículos 22 y 23. Esto en razón a que el grueso de la argumentación de Robledo gira en torno a la participación accionaria de la ministra Ángela María Orozco en una firma que tenía entre sus clientes a dos de los bancos de propiedad de Luis Carlos Sarmiento y que se hubieran visto beneficiados si el acuerdo preliminar se materializaba. Robledo afirma que la hoy ministra ingresó como socia en marzo de 2004 con el 50 por ciento de las acciones a una firma que entonces se llamaba Marta Lucía Ramírez de Rincón y Asociados Limitada. Continúa el escrito diciendo que el 19 de julio de 2006 dicha firma cambió su nombre a R&O International Strategy Consultans Ltda. de la que Ángela María Orozco terminó siendo la única dueña. Le puede interesar: A la ministra de Transporte no se le puede creer ni lo que reza Robledo El senador del Polo sostiene que hasta agosto del año pasado el Banco de Occidente y el Banco de Bogotá seguían figurando como clientes de dicha firma lo cual, según él, inhabilitaba a la ministra para ocuparse de los temas que involucraran a estos bancos. Ante los medios de comunicación, la ministra ha sostenido que no considera que no está inhabilitada y que nunca hizo nada a espaldas del país. La última palabra la tiene ahora la Procuraduría, ente que será el encargado de determinar si hubo o no una irregularidad en el accionar de la ministra de Transporte.