La Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño publicó el informe “Nuevos órdenes, Viejas Disputas”, un documento que consigna la situación de violencia que constantemente están viviendo los habitantes del departamento, ubicado en el noroeste de Colombia.
El informe da a conocer cifras, las cuales dan paso a una alerta temprana para que las autoridades pertinentes se pongan en la tarea de preservar el bienestar de toda la comunidad del sector. Una de las más impactantes y que mayor atención ha generado es la revelación de 559 asesinatos en los últimos cuatro años.
En el fondo, “Nuevos órdenes, Viejas Disputas” aborda el tema del paramilitarismo, allí dice que estas organizaciones particulares han estado presentes durante varias décadas en el componente zonal. En efecto, se explica que han tomado el poder territorial por cuenta propia y que esto va más allá de factores como el narcotráfico, más bien se trata de una especie de gobierno grupal que, cada vez, se incorpora a la dinámicas de la democracia y la degradan.
Pese a que instituciones como el Ejército Nacional se centran el garantizar la seguridad de todo el país, existen grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan Isaza, Los Pachelly, la Oficina del Valle de Aburrá, Los Pamplona y Los Chatas, colectivos que, según el informe, producen violencia paramilitar en Antioquia.
Sumado a esto, dice que ningún municipio queda exento de presenciar el control de alguno de los grupos armados, lo único que los diferencia es la cantidad de cada colectivo.
Para el autor principal del informe, Fabián Restrepo, los procesos de transición que se llevan a cabo son pésimos: “Lo que pasa en el oriente antioqueño, es el resultado de una mala implementación de procesos de transición, y ahí ya hay un llamado de atención a la institucionalidad y es cómo hacer que esas transiciones funcionen, porque a la larga lo que va a terminar pasando es el triunfo de esos actores narcotizados”, asegura.
En cuanto al asesinato de líderes sociales se informa que desde 2018 hasta el año pasado, la cifra de muertes de representantes sociales en el oriente antioqueño arroja que nueve han sido las víctimas que ha dejado la violenca departamental. A este número se le suma el asesinato de Mario Johnathan Palomino Salcedo, un profesor de Ciencias Naturales que enseñaba biología en el colegio Ramón Archila, de El Carmen de Viboral.
Sin embargo, La Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño no solo se centró en la violencia provocada por los grupos armados, también se involucró en el análisis del entorno medioambiental, un factor que compromete a toda la población en general.
Principalmente, el colectivo que busca preservar la vida de cada antioqueño, denuncia que el impacto ambiental que se está provocando en la zona afecta en grandes magnitudes al ecosistema. Justamente, porque hay proyectos de hidroeléctricas y otros métodos de creación de energía, los cuales, únicamente, están deteriorando el hábitat.
Por su parte, el líder y defensor de los derechos humanos Óscar Yesid Zapata dice que “los actores armados fueron los que hicieron que cientos de familias se desplazaran de zonas estratégicas de megaproyectos. Juntado con las amenazas a líderes ambientales que se oponen a estos proyectos económicos”.
Una de las críticas más presentes que hace “Nuevos órdenes, Viejas Disputas” es que no existe “una gran operatividad” en contra de los actores armados que involucran a los sectores políticos y económicos.
Desde luego, se hace un llamado a cada municipio para que predomine el esfuerzo analítico en relación con las variables que están haciendo del oriente antioqueño un lugar donde la violencia está permeándose sin proteger la vida y el trabajo de la sociedad civil.
“No violencia, No a los proyectos mineros y extractivistas, Sí a la vida, Sí a los Derechos Humanos”, concluye Óscar Yesid Zapata.