Aunque los términos judiciales están en suspenso desde el 22 de marzo, cuando el país apenas se adaptaba al confinamiento por el coronavirus, las decisiones urgentes en materia judicial no se detuvieron. A través de mecanismos electrónicos, siguen su curso procedimientos como la tutela, el hábeas corpus o las peticiones de libertades. Un primer balance de la justicia en estos días de cuarentena revela que los reclamos de los ciudadanos a través de la tutela se desaceleraron sustancialmente. De 3.000 personas que reclamaban sus derechos a diario en el sistema judicial, las acciones pasaron a 727 diarias en promedio. Desde que el Consejo Superior de la Judicatura impartió una directriz que habilitó la opción para radicar a través de correo electrónico los reclamos ciudadanos, las entidades más tuteladas fueron las EPS y los hospitales, con un porcentaje del 50 por ciento de los recursos, seguidos por fondos de pensiones, con 13 por ciento, y las entidades judiciales, con 12 por ciento.

El reporte de la Rama Judicial revela que entre el 16 de marzo y el 2 de abril se recibieron 13.089 tutelas, de las cuales el 31 por ciento corresponden a amparos que tienen que ver con el derecho a la salud, seguido por derechos de petición con un 26 por ciento. En lo que respecta al recurso de hábeas corpus, se han interpuesto 371 solicitudes.La Judicatura también dice que entre el 30 de marzo y el 3 de abril se realizaron 4.529 audiencias ante jueces de control de garantías y de conocimiento.

De estas, 2.257 (48 por ciento) fueron audiencias con personas privadas de la libertad; 951 fueron controles posteriores de legalidad; 760 fueron audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento con privación de la libertad. También se tramitaron 328 prórrogas, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento y 333 audiencias de libertad por vencimiento de términos. En promedio se están realizando 906 audiencias diarias en todo el país. 

En un nuevo acuerdo expedido este fin de semana por el Consejo Superior de la Judicatura se estableció que el reparto para acciones de tutela y hábeas corpus tendrá prelación, y más si se trata de acciones que reclamen el derecho a la vida, la salud y la libertad.  Además de las solicitudes de captura que tramitarán los jueces de control de garantías, se adelantarán procesos de adopción en aquellos casos en los cuales se haya admitido la demanda. Los trámites para medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no haya comisario de familia, seguirán su curso y también se atenderán virtualmente las solicitudes de libertad.