"O se va, o lo matamos", le dijeron, en una llamada, al líder de víctimas de Bojayá Leyner Palacios este viernes. Al otro lado de la línea, hombres que se identificaron como miembros del Clan del Golfo lo amenazaron de muerte y le advirtieron que debía abandonar el Chocó en tiempo récord.
La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP) rechazó a través de un comunicado las amenazas contra él y otros líderes de la zona que en los últimos meses han alertado sobre la presencia de grupos paramilitares y del ELN en el municipio chocoano que hace 17 años sufrió una de las peores masacres de la historia del conflicto armado en el departamento. La CIVP, integrada por organizaciones étnicoterritoriales del Pacífico y acompañada por la Iglesia Católica de la región, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que eleve las medidas de seguridad a Palacio. Por instrucción del presidente Duque, el ministro del Interior (e) Daniel Palacios se desplazó a Bojayá para verificar la situación en terreno. Leyner y el ministro sostuvieron una reunión en Chocó en la que el Gobierno se comprometió a seguir trabajando por la seguridad del líder social y los demás habitantes de Bojayá. "Vamos a seguir trabajando los temas de derechos humanos", dijo Leyner Palacios al finalizar la reunión. Las amenazas cobran un gran peso dadas la circunstancias que desde la víspera de año nuevo se vienen denunciando en Bojayá. Leyner es un respetado líder de la región que sobrevivió a la masacre del 2 de mayo de 2002. En la actualidad, Leyner asumió la responsabilidad de coordinar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, como parte de su lucha por impulsar el esclarecimiento de la verdad sobre el daño al territorio. ¿Qué está pasando en Bojayá? El comienzo de año llegó con un nuevo asedio de parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo neoparamilitar que confinó a al menos cuatro comunidades del municipio chocoano. Según la denuncia que presentó la Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz, los habitantes del corregimiento de Pogue pasaron la noche del 31 de diciembre bajo el control de 300 hombres que amenazaron con asesinar y perseguir a cualquiera que se atreva a denunciar la situación que padecen.
“Las AGC afirmaron que iniciaban un cese unilateral pero las presiones sobre las comunidades se han cualificado. Les han obligado a cesar denuncias, a recibir regalos de navidad y reses”, dice la ONG. El hostigamiento comenzó hace mes y medio, pero en los últimos días la represión aumentó con la presencia de hombres armados, vestidos de civil, que entraron a controlar los llamados “puntos” para que nadie salga del territorio. Sin embargo, líderes y familias enteras que lograron zafarse de la sombra del grupo criminal han manifestado, según la ONG, que “no declararan su desplazamiento forzoso”, por temor a las represalias. El defensor del pueblo de Chocó, Luis Enrique Murillo, habló con SEMANA sobre el panorama crítico que enfrenta Bojayá desde hace dos años y que la entidad a su cargo ha reportado oportunamente sin recibir la atención requerida de parte del Gobierno. La Defensoría estuvo en territorio hace apenas diez días, pero desde 2017 ha emitido sucesivas alertas tempranas que dan cuenta de la grave situación que afronta la comunidad. “La más reciente de ella fue la de abril de 2019, pero posteriormente se han emitido varios informes de consumación del riesgo. Varias situaciones de las que hemos advertido en las alertas tempranas han ocurrido. Cada que sucede eso emitimos un informe al Ministerio del Interior para decirle al Gobierno que advertimos situaciones para que se previnieran, pero no, sucedieron”, dijo Murillo.
Minería ilegal y narcotráfico: el control de una ruta maldita Geográficamente, los habitantes de Bojayá fueron condenados a ser parte del corredor del crimen en el norte del país. Desde el oriente, esta ruta del narcotráfico inicia en el departamento de Norte de Santander, llega al sur de Bolívar, entra al Bajo Cauca, sur de Córdoba y pasa por la subregión de Urabá en Antioquia, principalmente entre los municipios de Dabeiba, Mutatá y Fontino. De allí entra al Chocó, a los municipios de Carmen del Darién y a Bojayá. Bojayá, según lo explica inteligencia militar, es el punto central antes de entrar a la costa pacífica para llegar entre Juradó y Bahía Solano donde termina la ruta. En plata blanca, esto significa que el municipio siempre ha estado en medio de una guerra en la que sus habitantes son los que han puesto los muertos.