La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con tropas del Batallón de Infantería N°38 Miguel Antonio Caro del Ejército Nacional, ocuparon 12 bienes con fines de extinción de dominio de integrantes de la Policía Nacional y particulares que harían parte de una red de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los bienes habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico de estupefacientes en Bogotá y municipios de Cundinamarca, Cauca y Nariño.

“Las propiedades, avaluadas en más de 2.000 millones de pesos, pertenecerían a los integrantes de una red delincuencial señalada de mover cargamentos de cocaína desde el suroccidente hacia el centro del país. Algunos de los dueños serían funcionarios de la Policía Nacional”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía también indicó que los elementos de prueba indican que, por lo menos, nueve uniformados habrían usado sus cargos para hacerse pasar por agentes encubiertos. Con el supuesto de cumplir distintas operaciones, habrían movilizaron más de 100 kilogramos de estupefacientes a Bogotá entre 2013 y 2015.

“Para estos traslados, al parecer, utilizaron vehículos oficiales y los canales de comunicación de la institución para controlar y monitorear la actividad ilegal. El material de prueba evidenció que el grupo de policías, presuntamente, recibió sumas de entre $750.000 y $60′000.000″, agregó la Fiscalía.

Por lo tanto, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio afectó los bienes de los funcionarios y particulares que harían parte de la red delictiva con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posición.

En otro caso que involucra a un patrullero, en las últimas horas fue enviado a la cárcel un policía investigado por presuntos actos sexuales y pornografía con una menor de edad.

Según la Fiscalía, entre enero y febrero del año 2015, una menor de 13 años de edad que residía en el suroccidente de la capital antioqueña habría sido contactada en redes sociales por un hombre que se identificó inicialmente como Andrés Mejía, quien luego de ganarse su confianza, le empezó a solicitar fotos íntimas por WhatsApp.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), la menor habría accedido a las pretensiones del hombre por lo que las peticiones fotográficas se habrían hecho cada vez más frecuentes y más subidas de intensidad.

“Los investigadores establecieron que, una vez obtenido el material audiovisual íntimo, el investigado habría amenazado con agredir físicamente a la menor y con hacer públicos las fotos y videos si no sostenía relaciones con él. Se evidenció que el encuentro sexual nunca se materializó”, señaló la Fiscalía.

Tras lo anterior, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del patrullero de la Policía Nacional Iván Javier Díaz Cuesta, de 33 años de edad, como presunto responsable de actos sexuales con menor de 14 años de edad, en concurso homogéneo y sucesivo, y pornografía con persona menor de 18 años.

Por último, se estableció que el uniformado fue capturado por servidores de la Policía Nacional adscritos al Caivas y no se allanó a los cargos imputados.