El Consejo de Estado acaba de tumbar una multa de 715 mil millones de pesos que se había impuesto contra el concesionario Ruta del Sol II, por los actos conocidos dentro del caso de corrupción de Odebrecht.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había impuesto millonaria sanción al considerar que las actuaciones de los implicados en este escándalo judicial dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo. Sin embargo, a juicio de Consejo de Estado, la acción popular que dio lugar a la multa no era la herramienta jurídica adecuada para tal fin y, de un plumazo, la tumbó.
De igual forma, fueron anuladas las sanciones de inhabilidad de las empresas condenadas para contratar con el Estado colombiano.
En su decisión, la sección tercera del Consejo de Estado también asegura que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no era competente para proferir esta sanción y que, en su lugar, quien debía sancionar era el tribunal de arbitramento.
La acción popular que había dado lugar a la millonaria multa fue interpuesta por el entonces procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.
“Como procurador general de la Nación y jefe del Ministerio Público reitero que no cederemos espacios en la defensa de la moralidad pública, en que se respete el patrimonio de los colombianos, en que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna y en la recuperación de la ética pública. Pero eso no lo logramos solos, necesitamos el acompañamiento ciudadano, con veedurías activas, y el apoyo del Congreso. Insistiremos en la aprobación de la Ley de Probidad para combatir la corrupción y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que malversen recursos públicos”, dijo en su momento el funcionario, quien le pidió al Consejo de Estado confirmar el fallo en primera instancia.
“Que nadie se llame a engaños. Ha sido la Procuraduría la única entidad del Estado que ha logrado condenas patrimoniales contra Odebrecht y sus socios locales. Defenderemos esa condena en el Consejo de Estado, hasta lograr la confirmación de lo fallado en la primera instancia”, advirtió el Procurador Carrillo Flórez en ese entonces.
La multa que impuso en el 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue una de las más altas que emitió la justicia. En su decisión, el Tribunal obligaba al pago de estos dineros a todos los miembros del consorcio, es decir, a la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. - Episol S.A.S, CSS Constructores S.A. y el grupo Solarte.
La decisión del Tribunal en su momento también declaró responsables por corrupción a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y condenó al exviceministro Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula. El Consejo de Estado aclara que las decisiones proferidas por el Tribunal contra estos últimos se mantienen, ya que en estos casos no hubo apelación.
En su decisión, el Consejo de Estado le dio un fuerte jalón de orejas al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso, por lo que considera se constituye en un “abuso de poder para los que se han prestado este tipo acciones populares”.
Tras conocer la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida en el 2018, los socios sancionados rechazaron la decisión y anunciaron que la apelarían.
“Episol, accionista minoritario de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., disiente de la decisión en lo que a ella respecta, por lo cual la sociedad está estudiando los recursos legales a su disposición, los cuales presentará de manera oportuna”, señaló en su momento en un comunicado.
Por los hechos de corrupción del caso Odebrecht, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso también en su momento sanciones monetarias por 300.000 millones de pesos y el Tribunal de Arbitramento descontó cerca de $ 1.8 billones de pesos del cálculo efectuado por un perito (Duff & Phelps) como valor a reconocer a la Concesionaria Ruta del Sol por las obras ejecutadas antes de que se conocieran los hechos de corrupción.