La atención sobre la construcción del interceptor Tunjuelo Canoas se desvió a los presuntos sobornos que habría pagado Odebrecht para quedarse con el contrato. Pero esta no es la única irregularidad alrededor de la obra, necesaria para descontaminar el río Bogotá. Hay una perla mayor: los túneles por los que le pagaron $244.000 millones de pesos al consorcio conformado por la firma brasileña y una compañía de la familia Solarte, son hoy un "elefante blanco", según la Contraloría distrital. Las obras están a medias y no sirven para nada.Por eso, el ente de control puso la lupa sobre la obra y decretó el embargo de los bienes de nueve exfuncionarios del Acueducto, entre ellos tres exgerentes, quienes habrían participado en los distintos procesos que se han desarrollado de la obra. Se estima que, con esa medida, las arcas públicas podrían recuperar alrededor de $40.000 millones de lo invertido, si las investigaciones avanzan y se establecen responsables.Le puede interesar: Iván y Samuel Moreno habrían recibido $1.000 millones de OdebrechtLa semana pasada, la Contraloría decretó las medidas cautelares para evitar que las propiedades pasen a manos de terceros, hasta que sus indagaciones lleguen a puerto final. Embargó cuatro carros y 25 inmuebles, entre los que hay apartamentos, casas y lotes ubicados en Bogotá, Cali, Pereira y el departamento de Bolívar.Entre los funcionarios contra los que se decretetó la apertura del proceso fiscal por 282.000 millones de pesos hay tres exgerentes de la EAAB. A Jorge Enrique Pizano, cabeza de la entidad durante la alcaldía de Samuel Moreno, le embargaron dos inmuebles ubicados en la capital. A él, la Fiscalía lo ha señalado como el hombre que, junto a Andrés Cardona, movió los hilos en 2009 para que Odebrecht se quedara con el contrato que tenía como objeto la construcción del interceptor. Su nombre, además, ha sido relacionado con el "carrusel de la contratación" desde 2013, cuando el ente investigador lo citó para que hablara sobre los contratos que otorgó el Acueducto durante su gerencia. Tras su paso por el sector público, Pizano terminó siendo empleado de Odebrecht.Puede leer: Odebrecht: la historia del empleado que se convirtió en zar de contratos del DistritoPor su parte, a Luis Fernando Ulloa, el hombre que reemplazó a Pizano en el cargo desde julio de 2010 hasta diciembre de 2011, la Contraloría le embargó siete inmuebles. Él, además, fue el gerente de Planeación y Control del Acueducto cuando Odebrecht se ganó la licitación.El otro exgerente procesado por la Contraloría es Diego Bravo, quien ocupó el cargo desde enero de 2012, cuando arrancó la administración de Gustavo Petro, hasta marzo de 2013. La Contraloría no encontró propiedades a su nombre, pero sigue rastreando. Durante su periodo se dio la suspensión del contrato con Odebrecht, cuando el Acueducto no entregó un predio necesario para terminar la obra, y esta se interrumpió cuando solo le faltaba el 5% para estar lista. Justo después de esa situación se derivó un pleito que obligó al EAAB a pagar una indemnización cercana a los $12.000 millones a Odebrecht y a su socia CASS Constructores, de la familia Solarte.Y por esa misma suspensión, el Acueducto tuvo que firmar dos nuevos contratos por más de $20.000 millones para terminar la obra y sacar las máquinas tuneladoras de Odebrecht que quedaron enterradas bajo tierra, en el predio Canoas, en Soacha, donde termina el interceptor.Le recomendamos: El tesoro de Odebrecht que está enterrado en un potrero en SoachaEl resto de bienes embargados pertenecen a seis exfuncionarios que fueron directores de contratación y compras del Acueducto durante los mandatos de Moreno y Petro, según se lee en el documento conocido por Semana.com, donde la Contraloría decreta las medidas cautelares.Pero no es la primera vez que la obra está bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá. En 2015, el ente ya había adelantado investigaciones, sin embargo, se frenó al considerar que, con el pleito entre Odebrecht y el Acueducto en curso, la competencia del proceso era del Tribunal de Arbitramento encargado de dirimir la disputa.Lo concreto es que los interceptores por los que la ciudad ha pagado $282.478 millones, entre contratos e indemnizaciones, no han sido terminados, y son obsoletos. Por eso, la Contraloría distrital embargó a los exfuncionarios que intervinieron de alguna manera en la obra. Con sus bienes, las arcas públicas podrían recuperar, se estima, alrededor de 40.000 millones de pesos, en caso de que las investigaciones avancen y se demuestre la responsabilidad de los exfuncionarios procesados.Pero el asunto no termina ahí. Incluso si la obra se finaliza pronto, no le representaría ningún provecho a la ciudad. Los túneles tienen como fin conducir el agua del río Tunjuelo a la Planta de Tratamiendo de Canoas, para que, una vez purificada, sea vaciada en el río Bogotá. Pero esa planta solo existe en el papel. Los 1.200 millones de dólares que vale su construcción, según las cuentas de la CAR, aún no están en el presupuesto del Distrito ni en el de la Nación, los entes que tienen que construirla, según el fallo del Consejo de Estado que ordenó la descontaminación del río Bogotá.Ante ese panorama, la Contraloría no duda en calificar la obra como un "elefante blanco" por el que, asegura la Fiscalía, Odebrecht se embolsilló miles de millones, a punta de la repartición de sobornos que llegaron hasta las cuentas de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.