En Perú hizo carrera un selecto grupo de empesas de construcción que en lugar de competir se repartían la torta de contratos del Ministerio de Transporte. Se calcula que de este grupo hicieron parte unas 17 firmas que se turnaban las obras, si alguna tenía problemas en la carrera por la adjudicación o en la ejecución de un contrato, el proyecto le rotaba a la siguiente. El grupo fue bautizado como "El Club de la Construcción" y de su existencia y argucias entregó detalles el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Según él, las adjudicaciones las conseguían a cambio del pago de una coima del 3 por ciento de la obra. El engranaje amañado incluía reuniones periódicas para que sus miembros se pusieran de acuerdo y evitar choques en el camino. En contexto: En fotos derribaron sus colegios y así se ven actualmente Las declaraciones de Barata pusieron a temblar al Perú, un país que tiene a cuatro expresidentes salpicados y fue testigo de la muerte de Alan García cuando la policía judicial se disponía a detenerlo por cuenta del escándalo. Mientras el contenido de esta lista negra de empresas apenas comienza a ser verificado por las autoridades, las asombrosas coincidencias en Colombia llaman la atención. El listado lo encabeza la multinacional Odebrecht, seguida de la firma peruana Grupo Graña y Montero y la portuguesa Mota Engil. También aparecen Conalvías, OHL, y Camargo y Correa. Allá, los allanamientos de las autoridades van en la intervención de 42 viviendas y oficinas asociadas a las firmas cuestionadas. En Colombia, los nombres de las dos primeras compañías retumban por ser protagonistas en varias megaobras que ya están en la lupa de la Contraloría.En contexto: Después de Odebrecht llegaría el tsunami Camargo CorreaHace un mes, la Contraloría General anunció la investigación preliminar por el llamado "carrusel de las escuelas". Uno de los proyectos que plantó el Gobierno de Juan Manuel Santos en el país fue la construcción de 30.000 aulas para los niños del país. Según un balance hecho por el actual gobierno solo se alcanzaron a entregar 1.310. El examen previo de la Contraloría resulta aún más demoledor: incumplimiento de cronogramas, sobrecostos, denuncias por falta de respuestas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), hacinamiento de estudiantes y hasta colegios demolidos sin ninguna solución a la vista. Para el ente de control, a diciembre del 2018 solo se habían terminado 73 proyectos de infraestructura educativa en área urbana de un total de 543 aprobados. Las aulas las contrató el ministerio de Educación en el año 2016, cuando esta cartera estaba en cabeza de Gina Parody. En este panorama, el senador Jorge Enrique Robledo ya puso el dedo en la llaga. Cuestionó la visita que Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, hizo al ministerio de Educación. En diciembre del 2015 –seis meses antes de ser adjudicados los contratos a ambas firmas– el ejecutivo estuvo por seis horas en el despacho de una funcionaria de la entidad.
Le recomendamos: Conalvías, un gigante que tambalea "¿Qué hizo Martorelli en el ministerio de Educación ese día? (...) La Fiscalía debe investigar con todo rigor este caso, porque todo dice que el señor Martorelli actuó en el ministerio de Educación en favor de Graña Montero y posteriormente de Mota Engil, yo creo que eso es bastante evidente”, aseguró el senador al referirse a un posible escándalo de corrupción igual de grande al de Odebrecht. Ante las señalamientos expresados por Robledo, Pedro Texeira, gerente de Mota Engil en Colombia, expresó: "El ex presidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli nunca ha realizado lobby para la compañía Mota- Engil. La constructora no tiene información ni conocimiento sobre la reunión que se realizó en 2015 entre Martorelli y el Ministerio de Educación. Es falso que el señor Eleuberto Martorelli haya actuado en favor de Mota – Engil antes de ser adjudicados los contratos de la construcción de instituciones educativas", dice Texeira en una carta enviada a SEMANA. Entre los contratistas que fueron seleccionados para cumplirle a la educación del país estuvieron las firmas Graña y Montero, y Mota Engil. Con relación a la primera, le entregaron un contrato de 405.000 millones de pesos para cubrir la zonas del grupo 2, que incluyen obras en el eje cafetero y el Pacífico. Por el lado de Mota Engil ganó los contratos del grupo 1, por un valor de 465.000 millones de pesos, que cubre construcciones en los municipios de Antioquia, Eje Cafetero y Pacífico. Además, se quedó con los proyectos del grupo 3, un contrato por 440.000 millones de pesos para la construcción de aulas en el Caribe. Los negocios de Graña y Montero A finales de 2017, en Perú estalló un escándalo que salpicaba directamente al consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales y ICCGSA. Las investigaciones apuntan al presunto pago de sobornos por 20 millones de dólares a cambio de conseguir las obras para la construcción de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil. Dicha coima habría ido directo al expresidente Alejandro Toledo. "Lo que el señor Barata dijo no se ajusta a la verdad", respondió José Graña Miró, el expresidente del grupo Graña y Montero en Perú. Mientras ello ocurría, en Colombia la firma ya tenía ganado el contrato para la construcción de escuelas pero su ejecución estaba empantanada por los escándalos que tenía en Perú. Los líos obligaron a que buscaran la cesión del contrato hacia la firma Mota Engil. "Graña tenía unos problemas grandes porque estaba en el escándalo de Odebrecht y no tenía la capacidad de apalancamiento acá en Colombia. En una conversación nos propuso cedernos el contrato. El FFIE aceptó y nos quedamos con el grupo 2", explicó a SEMANA Pedro Texeira, gerente de Mota Engil en Colombia. De esta manera, Mota Engil se quedó con 250 proyectos de infraestructura educativa en Colombia. Es decir, allí se concentró el 47 por ciento de los contratos, lo que les representó obras por 1,3 billones de pesos. Para el 5 de abril del 2019, Mota Engil ya había cobrado 145.900 millones de pesos, es decir el 11 por ciento del contrato marco. De los 250 proyectos a los que se comprometieron han entregado 15 colegios. Mientras tanto, las denuncias de hacinamiento estudiantil aumentan y las quejas por incumplimientos a los proveedores están siendo estudiadas por la Contraloría. Le puede interesar: Solo nos quedan máquinas abandonadas el drama del escándalo de la infraestructura educativa La historia de la peruana Graña y Montero en Colombia comenzó en el 2014, como parte de una integración empresarial con Morelco S.A.S., una firma de ingeniería, construcción y montajes industriales. A través de Morelco, consiguieron el contrato con el FFIE y otra decena de clientes como Ecopetrol, Ocensa, Cenit, Confenalco, entre otras. Al consultar la plataforma Océano de la Contraloría General de la República, este medio de comunicación pudo establecer que Morelco ha tenido relaciones contractuales entre 2014 y 2018 con al menos nueve entidades contratantes por un monto de 226.000 millones de pesos, sin contar la construcción de aulas. El contrato de los colegios fue suscrito por los representantes legales de Morelco Arturo José Serna Henao y Alberto Inope Mantero. Aunque los medios de comunicación peruanos registraron un nuevo escándalo que recae sobre Graña y Montero por el supuesto pago de una coima de 3 millones de dólares para ganarse la construcción de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, esta versión fue desmentida por la fima. Graña y Montero -miembro del consorcio constructor al lado de Odebrecht- señaló que el testimonio de Barata lo que dice es que los brasileños les solicitaron un reembolso por este monto. Y anunciaron acciones legales en cuanto se destape la versión puntual que rindió Barata. Así mismo Graña aclaró a SEMANA que "es importante precisar que, en las evaluaciones mensuales de desempeño emitidas por la auditoríadel contrato, el Grupo Graña y Montero fue evaluado como “sobresaliente”. De hecho, no existe ningún reclamo contra Graña y Montero realizado por el FFIE respecto a su condición de subcontratista en el contrato marco de obra. En Colombia ni Morelco, ni Graña y Montero, afrontan ningún proceso con autoridad competentealguna, ni cuenta con ninguna inhabilidad para contratación con Entidades Públicas", indicó Graña. Mota Engil y el 47 por ciento de aulas educativas Mientras que por un lado llueve por el otro no escampa. Sobre Mota Engil también recaen interrogantes por incumplimientos. Corrupción al Día, una iniciativa ciudadana, ha documentado incumplimientos en dos contratos: uno, el intercambiador La Virgen de la Vía Yuma, en Barrancabermeja. Otro, las obras que realiza Mota Engil para la construcción del muelle II en el puerto de Buenaventura; la Superintendencia de Industria y Comercio suspendió la ejecución en el 2014 por irregularidades en el acero, que al parecer, no cumplían las normas técnicas exigidas por la legislación colombiana. Aún así resultó ser la mejor calificada para, a fin de cuentas, quedarse con el 47 por ciento de los contratos para la infraestructura educativa. Aunque el senador Robledo señala que Martorelli le hizo lobby a estas dos firmas para conseguir los contratos de las aulas, la relación que puedan tener con Odebrecht no es clara. El gerente de Mota Engil en Colombia dijo que "(Odebrecht) Es una empresa grande del sector, pero rara vez hemos trabajado con ellos. En Perú relacionaron con el Club de la Contratación a quien entonces era nuestra representante, pero no fue con Mota Engil como tal”, precisó Texeira. Este capítulo en la historia de la corrupción de Odebrecht apenas comienza a verificarse en Perú mientras que en Colombia el ruido apenas si ha rozado los estrados. Los brasileños en su negociación con la justicia solo hablaron de corrupción en dos contratos: Ruta del Sol tramo dos y el otrosí Ocaña-Gamarra. Pero está claro para la justicia del país que los sobornos llegaron mucho más allá. En este contexto, comienzan a aparecer nuevas piezas relacionadas con la construcción de aulas que por ahora parecen concidenciales, pero cuando el río suena..