La Comisión Nacional de Disciplina Judicial cerró la investigación que adelantaba en contra del fiscal delegado ante el Tribunal Superior, Daniel Hernández, al no encontrar probadas las presiones para que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula direccionara sus declaraciones en medio del expediente de Odebrecht.
Después de dos años, la Comisión Nacional encontró que no existe una prueba documental o testimonial que sustente una intimidación u hostigamiento por parte del fiscal Hernández al excongresista, uno de los primeros capturados por este escándalo de corrupción en Colombia.
En el fallo se tildó de “oportunista” la versión de Bula quien aseguró que los fiscales Hernández y Álvaro Betancourt lo buscaron y presionaron para que cerrara su colaboración con las autoridades judiciales de los Estados Unidos, restringiéndole que señalara o hiciera cualquier tipo de mención contra el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez y el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo o algún miembro de las juntas directivas de sus empresas.
De no hacerlo, perdería cualquier tipo de beneficio judicial tras la firma del preacuerdo firmado en el que Bula reconoció su responsabilidad en la entrega de millonarios sobornos de la multinacional brasileña para repartirlos a un grupo de dirigentes políticos, empresarios y particulares con el fin de garantizarle a Odebrecht millonarios contratos de infraestructura vial en Colombia.
“La declaración del señor Otto Bula incluyó detalles que parecen diseñados para favorecer su posición”, asegura el fallo de la Comisión que advirtió sobre las contradicciones de tiempo, modo y lugar donde se presentaron las reuniones en las que supuestamente el fiscal Hernández ejerció presiones en su contra.
Con estas acciones, buscó cambiar la narrativa para resultar favorecido en una trama de supuestas instigaciones. En el análisis de lo dicho por Bula en la denuncia que presentó en 2022 contra el delegado del ente investigador se señala que cambió varias veces la forma en cómo se fijó el encuentro, el lugar dónde se realizó y lo que le dijo el fiscal para que cambiara su dicho.
Ante esto se concluyó que la prueba documental señala claramente que Bula fue el que pidió la reunión de forma presencial pese a que en un principio todo estaba establecido para que se realizara de forma virtual. “No existía predeterminación alguna de presión u hostigamiento”.
Por esto, se deja en firme claramente que no existe una sola evidencia que demuestre una planificación o puesta en marcha de un plan para que el testigo, es decir Otto Bula, cambiara su versión ante las autoridades para omitir nombres y hechos de este entramado de corrupción de Odebrecht.
“La amenaza debe ser de tal entidad que logre afectar el ánimo del receptor y así doblegar su voluntad a fin de que se realice lo que el emisor espera, con la advertencia de causar un daño si aquel no lo hace. En este caso esto no ocurrió o por lo menos no con el grado de fortaleza para intimidar”, advierte el fallo.
El pasado 30 de julio, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la nulidad del proceso contra el fiscal Daniel Hernández y ahora la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación en su contra por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo (Otto Bula).
El magistrado Ariel Torres, ponente del caso, rechazó dicha petición al considerar que “la Fiscalía realizó en la imputación y la acusación un relato claro de los hechos y que no se afectaron los derechos fundamentales del procesado”, confirmó la Corte Suprema de Justicia.
En su acusación, la Fiscalía General señaló a Daniel Hernández de ejercer varias presiones para que el exsenador limitara la entrega de información en este caso.