La Fiscalía General de la Nación ha investigado en profundidad en los últimos meses el caso Odebrecht. Este viernes, la entidad dio a conocer el avance en uno de los procesos relacionados con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de las gestiones que supuestamente se habrían dado desde el Ministerio de Transporte, en cabeza de Cecilia Álvarez Correa, para favorecer los intereses de la controvertida multinacional brasileña en la Ruta del Sol II.
“Como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por licitación pública”, señala la Fiscalía.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó en el proceso contra la exfuncionaria un escrito de acusación “como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”.
La entidad agrega: “La exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”.
En el marco de esos hechos, la Fiscalía considera que la exministra de Transporte sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. El proceso lo llevará la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos habrían ocurrido mientras se desempeñó como jefa de la cartera de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.