Sobre el predio Canoas se está acumulando, pieza por pieza, el tesoro de hojalata que Odebrecht dejó enterrado bajo el suelo de Soacha. Son dos máquinas monumentales, diseñadas para despedazar la roca y la tierra, que fueron sepultadas hace más de siete años y que terminaron convertidas en un símbolo de corrupción.Desde el año pasado, y luego de que la multinacional brasileña le ganó un pulso jurídico a la administración capitalina, se ven sobre el extenso terreno dos grúas monumentales que, de a poco, han ido jalando las tuneladoras para sacarlas a la luz. A la fecha, según el acueducto de Bogotá, el desentierro tiene un progreso del 67 por ciento y no faltarían dos meses para que esté terminado. Entonces se abre otro interrogante sobre esas máquinas: ¿Qué va a pasar con ellas, que son tan caras como obsoletas?La historia comenzó con la necesidad de descontaminar el río Bogotá. En diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adjudicó un contrato por 244.000 millones de pesos para construir dos túneles destinados a mover aguas desde y hacia la planta de tratamiento de Canoas, que aún no existe, pero que ya está proyectada para ser la megaobra que salvará al agonizante cuerpo de agua que le da vida a la capital.Puede leer: El tesoro de Odebrecht que está enterrado en un potrero en SoachaEl encargado de ejecutar ese millonario contrato fue el consorcio Canoas, conformado por Odebrecht y por CASS, una empresa de la familia Solarte. Para la Fiscalía, la victoria de ese grupo en la licitación de la obra fue turbia. Al parecer, los privados repartieron más de 1.000 millones de pesos en sobornos que habrían llegado hasta los bolsillos de los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas, entonces alcalde de Bogotá. Hoy, por cuenta de ese contrato no solo están cuestionados los brasileños y los protagonistas del carrusel de la contratación, sino también uno de los contratistas más grandes del Estado: Carlos Solarte, y su hija Paola, señalados de participar en la repartición de las coimas. Esas irregularidades apenas salieron a flote hace un año, así que el proyecto avanzó durante varios años sin reparos.En 2010 arrancó la obra. Para ejecutarla, el consorcio construyó las dos tuneladoras que, en esencia, estaban compuestas de una broca gigante que taladra el suelo, capaz de hacer huecos de 4,2 metros de diámetro, al tiempo que revestía de concreto las paredes del túnel, y de una serie de vagones, como de tren, donde se acumulaba la tierra excavada. Dos gigantes de hojalata, cada una de 500 toneladas de peso y 100 metros de largo, algo así como cuatro buses biarticulados de TransMilenio.Las máquinas comenzaron su recorrido. Una desde el Charquito, en las inmediaciones del Salto del Tequendama, y la otra desde el río Tunjuelo. Ambas debían trazar su recorrido durante meses, en sentidos opuestos, pero sincronizadas para que, cuando llegaran al predio Canoas, se encontraran y conformaran el gran túnel de 11 kilómetros por el que pasaría el agua.En contexto: ¿La planta de Canoas es la salvación del río Bogotá?Pero no sucedió así. La que había arrancado desde el Charquito llegó a una profundidad siete metros mayor que su gemela. Y ese no fue el único problema. El consorcio pretendía quedarse con el contrato para construir la segunda fase de la obra: una estación elevadora que llevaría las aguas enterradas hasta la planta de tratamiento y que, de paso, sería usada para evacuar las máquinas.Pero ante las fallas, la administración distrital, entonces encabezada por Gustavo Petro, suspendió el contrato. Como las máquinas no habían sido construidas con la facultad de andar en reversa, tampoco pudieron devolverse a sus orificios de entrada. Así que quedaron enterradas durante años, tiempo en el que, de vez en cuando, un técnico se colaba por el túnel para encenderlas, y así evitar que, por el desuso, el poderoso motor se atrofiara y el tesoro se echara a perder.Con las máquinas enterradas y un contrato sin terminar, el consorcio de Odebrecht y los Solarte decidió interponer una querella contra el Distrito, que terminó obligado por un Tribunal de Arbitramento a pagarles 11.800 millones de pesos a esos privados. Luego, el Consejo de Estado le ordenó a la ciudad que extrajera las máquinas a través de un pozo y que, de paso, agilizara su labor de descontaminar el río.
El túnel de Tunjuelo - Canoas durante su construcción. Foto: Guillermo TorresEn octubre del año pasado, el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR anunciaron que lograron un acuerdo para juntar los 4,5 billones de pesos necesarios para construir la planta de tratamiento de Canoas, que sería una de las más grandes del mundo y que, aspiran, estará lista en 2024.Pero para avanzar en esa megaobra, primero es necesario terminar el túnel de Tunjuelo - Canoas y extraer las máquinas. Para eso, la Alcaldía de Enrique Peñalosa destinó 24.000 millones de pesos, necesario para montar el gran operativo que desenterrará a esa gigante. Se constituyeron jornadas de 24 horas de trabajo, en las que participan alrededor de 60 personas, armadas con maquinaria pesada. Además, se excavó un pozo de 70 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de 20 pisos, para extraerlas por ahí.El Distrito, a su vez, decidió arremeter jurídicamente contra el consorcio, ahora en el foco de las investigaciones por corrupción, pues nunca terminaron de ejecutar la obra como se esperaba. Por estos días, en el predio Canoas, se van acumulando los fragmentos de las colosales tuneladoras, cuyo destino final aún es incierto.No está claro si quedarán en manos del Distrito o de Odebrecht. Tampoco se sabe para qué podrían usarse, pues pese a ser unas máquinas potentes y costosas, fueron diseñadas específicamente para las condiciones del túnel Tunjuelo-Canoas, y es poco probable que se adapten a otra obra.Por ahora, lo que se espera es que en los próximos meses terminen de salir a la superficie, para que dejen de obstruir el avance del proyecto de descontaminación del río. Y que emerja también la verdad enterrada sobre este caso de corrupción del que las tuneladoras se volvieron un símbolo.