"Sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol 2 fueron a crédito"

El complejo entramado de corrupción de Odebrecht tocó a uno de los hombres más importantes del mundo financiero colombiano. José Elías Melo fue viceministro y ministro (e) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presidente del Banco del Estado y de Megabanco S. A, ministro de Trabajo y superintendente bancario. Este lunes, Melo, egresado de la Universidad Javeriana, se sentó ante el juez segundo de circuito para negar los cargos de la Fiscalía por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente investigador, él como presidente de Corficolombiana “supo y avaló” el millonario desembolso de coimas de Odebrecht en Colombia.En esta, como en otras operaciones ilegales que protagonizó la firma brasileña, se habrían realizado maromas legales para hacer los desembolsos sin ser detectados por las autoridades. En este caso, fueron pagados 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht, en un hecho ya probado y aceptado por algunos de los responsables. Ahora, lo que se dispone a demostrar la Fiscalía es cuál fue el papel del socio de la firma brasileña en este contrato.En la imputación, el ente investigador revela declaraciones, entrevistas, contratos, soportes de giros y demás evidencias en donde Melo aparece enredado. La tesis de la Fiscalía apunta a que Odebrecht puso la plata del soborno, pero que el dinero le fue devuelto después a través de contrataciones ficticias, una de ellas pagada incluso a una banca privada de Andorra. Esta última se habría convertido en una especie de ‘hoyo negro‘ a través del cual Odebrecht direccionó millones de dólares y desapareció cualquier rastro de sus operaciones irregulares en Colombia y en el mundo.“El papel de Melo fue definitivo para lograr la adjudicación del contrato; no queda duda de la responsabilidad de Melo Acosta”, indicó la fiscal Amparo Cerón. Estas son las claves que tiene la Fiscalía en su contra: 1. "Denuncia de los tres luises" La investigación contra Melo comienza por la denuncia de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quienes revelaron por primera vez la existencia de sobornos para que el Consorcio Consol se quedara con las obras de Ruta del Sol tramo dos. De esta coima, dicen los brasileños, supo y estuvo al tanto José Elías Melo, quien era el presidente de Corficolombiana, firma que a través de su filial Episol terminó con el 33 por ciento del contrato. En la construcción de esta carretera de 528 kilómetros, que conecta la costa con el centro del país, Odebrecht tenía el 66 por ciento y el grupo Solarte se quedó con el 4,9. 2. Luiz Bueno, testigo estrella: Desde Sao Pablo, Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, aseguró que tuvo reuniones con el exministro Andrés Uriel Gallego y con Gabriel García Morales para la estructuración del contrato. Cuando se acercaba la fecha de la adjudicación, en reunión privada el exviceministro García Morales habría exigido 6,5 millones de dólares a lo que Melo manifestó tener “dificultades éticas”.  Cerón agregó que “el papel de Melo fue definitivo para lograr la adjudicación del contrato, y lo transcendental es que sí pagó”. “Melo me autorizó a seguir adelante (....). La división de costos fue hecha durante la construcción de la carretera. La inversión fue de 10 millones de dólares. Cuando empezó la obra comenzaron los ajustes de cuentas. Yo tenía a Manuel Ximenes (brasileño representante de Odebrecht) y ellos tenían a Mauricio Millán”, habría dicho Bueno. Además, este aclara que Ximenes tenía la instrucción de dejar las cuentas claras entre los socios del consorcio. Puede leer: Odebrecht: Otto Bula, la Ruta del Sol y el chef del Ñoño Elías 3. Cesión y contratos ficticios: Una vez comenzó la ejecución del contrato, Bueno asegura que se dio el reintegro del porcentaje que le correspondía a sus socios. Esto se produjo a través de la división costos a cargo del acuerdo consorcial -cuyos representantes era: de parte de Odebrecht Ximenes y de parte de Episol, Mauricio Millán. Al respecto, la Fiscalía rastreó los primeros giros el 29 junio por 9.400 millones de pesos; el 9 de julio por 5.535 millones de pesos y el 6 agosto por 3.573 millones. En total, en este primer paquete se habrían pagado 18.534 millones de pesos que se giraron a una cuenta del Banco de Bogotá (también parte del Grupo Aval). La Fiscalía cuenta además con evidencia de otro millonario pago girado a la banca privada de Andorra. Los pagos -dice la Fiscalía- fueron autorizados por Manuel Ricardo Ximenes y Luis Carlos Texeira, representantes de Odebrecht en el consorcio y por Mauricio Millán, ingeniero representante de Episol en dicho consorcio. Pese a que se dieron campanazos de alerta, el aval de Melo Acosta habría impedido ponerle alto a los giros. En contexto: Comienza imputación de cargos contra expresidente de Corficolombiana Mauricio Millán, quien participó en la estructuración del proyecto de Ruta del Sol tramo dos, reveló detalles de las irregularidades que detectó ante la auditoria interna que realizó el grupo Aval en el mes de enero, una vez estalló el escándalo. Aunque en principio Millán fue reticente y dijo desconocer inconvenientes, él mismo se presentó después para alertar por pagos que llamaron su atención por valores entre 16.000 y 18.000 millones de pesos en el 2010; la respuesta de Melo habría sido continuar con el trámite. También indicó que posteriormente hubo otros pagos no soportados que Melo también pidió que se ejecutaran. Las declaraciones de Millán fueron entregadas por el vicepresidente senior de la contraloría corporativa del Grupo Aval, Rafael Eduardo Neira Torres. Además de la declaración, manifestó que para dar soporte a lo dicho por Millán buscaron en los correos electrónicos entre Melo y Odebrecht y no encontraron nada que llamara la atención, excepto mensajes en donde el presidente de Corficolombiana le solicita a Odebrecht que consigan hotel, carro y chofer en tarifa corporativa porque va a pasar vacaciones en Río de Janeiro. Luego manifiesta por qué las reservaciones le tocó hacerlas a él. Entre marzo y mayo, ya en declaración ante la fiscalía, Millán amplió algunos detalles. Confirmó que uno de los contratos que no encontró ajustado a la legalidad era una cesión a una firma en el exterior, lo cual llamó su atención porque el destinatario no aparecía en el proceso de licitación, ni tampoco vio los estudios finales. El contrato trajo consigo un giro de un monto importante de dinero por lo que decidió consultar a la presidencia de Corficolombiana. “Melo me informó que se reunió con un directivo de Odebrecht y que la responsabilidad de definición era del socio mayoritario, en consecuencia, que siguiera con el giro”. Esta situación se repitió meses después: “Me dijo que la responsabilidad era del socio mayoritario que ya no volviera con ese tema”. Jorge Pizano, exdirector de la empresa de acueducto de Bogotá y controller de la Concesionaria Ruta del Sol, también fue interrogado por la Fiscalía. Aseguró que alertó por contratos que no surtieron con los requisitos de contratación y la entrega no cumplía con los estándares de calidad; llamaron su atención por los altos montos de dinero, tema que fue informado por escrito a Melo Acosta. Al respecto -destaca la Fiscalía- la única solución que Pizano describe que se adoptó en el momento fue crear una figura de gerencia que permitiera hacer seguimiento a la legalización de las entregas. 4. Tensión en la adjudicación del contrato La tensión por la adjudicación del contrato fue tal, que los ejecutivos de Odebrecht amenazaron a Gabriel García Morales con una denuncia penal por interés indebido en la celebración de contratos. Aunque el ex viceministro en declaración ante la Fiscalía aseguró que el comité evaluador dijo que la mejor propuesta era la del Consorcio Consol, al momento de adjudicar tuvo dudas jurídicas que fueron consultadas a un ente de control y a un abogado experto. La declaración del ex viceministro abre una línea jurídica nueva, ya que manifiesta que Luiz Bueno Junior le recomendó que para asegurarse que todo saliera bien pidiera concepto de un prestigioso abogado y del representante de la Contraloría, que venía estando de acuerdo con lo que dijera el Comité evaluador. Para encontrar el abogado, Bueno le habría entregado una lista con el nombre de Hugo Palacios Mejía. No dudó en que era le persona idónea, ya que este fue profesor del ex viceministro Morales en la Javeriana y fue quien lo recomendó en el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Es así como en la segunda audiencia de adjudicación, el ex viceministro recibió de manos de Pedro Manuel Valencia Pinzón (asesor jurídico de Corficolombiana) un concepto elaborado por el abogado Hugo Palacio. “Esta fue la mayor prueba de que Melo estaba plenamente enterado de las propuestas que recibía de Melo”, indicó García Morales. Interrogado por la Fiscalía, Hugo Palacio dice no recordar quién le pagó los honorarios, pero sí asegura que conoce y fue contactado por Pedro Valencia para hacer un memorando en el 2009. “Ese documento fue elaborado por mí”, dijo el abogado cuando se le puso de presente el memorando. “El abogado me lo entrega, me dio seguridad de que Corficolombiana no solo conocía, sino que aprobaba lo que se estaba haciendo. Siempre Bueno me dio a entender que Melo aprobaba todo”, dijo a la justicia García Morales. También manifestó que fue por Bueno Junior que también decidió consultar a la Contraloría. “Luiz Bueno también me indicó que los entes de control conocían del soporte jurídico. Que César Torrente Bayona (contralor delegado de infraestructura) realizó acompañamiento al proceso licitatorio. Ante estas manifestaciones verbales, solicité a Torrente que esas manifestaciones las pasara por escrito. Esto porque Luiz Bueno dijo que tenían conocimiento de la solidez de su propuesta”, relató García. En contexto: José Elías Melo: el nuevo capítulo de Odebrecht Torrente Bayona, contralor delegado de infraestructura de telecomunicaciones y desarrollo regional, aclaró que el control que realiza la entidad es posterior, no anterior. Sin embargo, ante una copia del documento de concepto que le presenta la Fiscalía, admite que en un documento del 15 de diciembre del 2010 consignó preocupaciones que tenía con relación al proceso y que decide escribirlo por petición de Andrés Uriel Gallego, exministro que ya falleció. La Fiscalía continuará con la solicitud de medida de aseguramiento en contra Melo.