La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos presentó, este 17 de mayo, ante el Consejo Permanente el informe 34 sobre las labores de la Misión de Apoyo al proceso de paz en Colombia durante el segundo semestre de 2022. En el informe, se destacó el respaldo de la Misión de Apoyo a la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro y e hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que se comprometan con el diálogo y cesen los ataques contra la población civil y los actores humanitarios.
El Informe 34 abarca el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, durante el cual se llevaron a cabo 1.121 misiones en terreno en 585 centros poblados de 190 municipios en 24 departamentos del país, de acuerdo con la Secretaría General. Estos centros poblados incluyen cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. Durante este período, la Misión de Apoyo recorrió 124.293 kilómetros por vía terrestre y 5.642 kilómetros por vía fluvial.
Roberto Menéndez, Jefe de la Misión de Apoyo de la OEA, señaló que todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con la política de ‘paz total’ y optar por el diálogo y la no violencia. Recordó que esta política fue respaldada por los Estados miembros de la OEA durante la Asamblea General 2022 en Lima, Perú, a través de la declaración “Respaldo a la Paz Total en Colombia”.
“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de ‘paz total’ una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Menéndez.
En el informe, la Misión de Apoyo hace 24 recomendaciones dirigidas a más de 18 entidades del orden nacional y destaca la importancia de “un diálogo directo” con la ciudadanía para “enriquecer” las acciones encaminadas hacia la paz completa en Colombia. El documento resaltó la persistencia de amenazas, homicidios, confinamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual y la instalación de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales en el país.
Menéndez enfatizó en que es fundamental detener la violencia y proteger a la población civil y a los actores humanitarios. Destacó que estas afectaciones no son aceptables bajo ninguna justificación y subrayó la importancia de respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.
“Es tiempo de detener la violencia y dejar fuera del conflicto armado a la población civil y a los actores humanitarios. Estas afectaciones no son aceptables bajo ninguna justificación”, señaló.
La Secretaría General de la OEA también expresó su agradecimiento a los Estados miembros y observadores, especialmente a aquellos que integran el Fondo Canasta (Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), cuyo apoyo político y financiero ha permitido el funcionamiento de la Misión. También se agradeció a Noruega y Suiza, cuyas contribuciones fortalecen el trabajo de la Misión de Apoyo con las comunidades en los territorios, en aspectos fundamentales como la participación y el diálogo.
El informe 34 presentado ante el Consejo Permanente se suma a la comunicación que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, envió a Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los niños y el conflicto armado. En dicha comunicación, informó sobre las alertas emitidas y los casos de reclutamiento de menores de edad en Colombia.
Durante el primer trimestre de 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 23 casos de reclutamiento de menores de edad, 13 de ellos corresponden a niños y adolescentes, y los 10 restantes a niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera: 16, en el departamento del Cauca; 4, en Amazonas; 2, en Antioquia; y 1, en Arauca.
“Comunicamos a la representante especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, como resultado del permanente seguimiento a las acciones perpetradas por grupos armados, hemos advertido sobre el alto riesgo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes de ser reclutados, usados y utilizados por los actores violentos”, indicó el defensor del Pueblo.