Siete personas fueron capturadas por conformar una red encargada de tramitar de manera ilegal permisos y diversas autorizaciones para garantizar la permanencia de migrantes en Colombia. Entre los detenidos se encuentran un oficial de visas en la sede norte de la Cancillería, de Bogotá, y un exauxiliar del consulado de Colombia en Barinas (Venezuela).

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General señaló que esta estructura habría obtenido documentación falsa como cédulas de ciudadanía, extractos bancarios, registros civiles, actas de matrimonio, certificados de Cámara y Comercio, entre muchos otros, con el fin de adelantar el trámite de las visas.

Estos documentos eran presentados por los migrantes para gestionar la expedición de visas de inversionista, trabajador, matrimonio o estudiante al extranjero. Esto pese a que no cumplían con ninguno de los requisitos que exigía la ley.

Las pruebas recolectadas permitieron inferir que esta red participó en 12 eventos desde 2016. En este tiempo se consiguieron visas de manera irregular para ciudadanos de China, Cuba, Italia, Francia y Alemania.

En el operativo, adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía, Migración Colombia y el Ejército Nacional, en Bogotá y el municipio de Los Patios (Norte de Santander) fueron incautados cinco computadores, 3.117 dólares, 1.025 euros, pasaportes, cédulas de extranjería, extractos bancarios y otros elementos.

Según la investigación, los funcionarios de la Cancillería (identificados como Javier Mauricio Carrasco Ceballos y Giovanny Angulo Ariza) fueron los encargados de asesorar a la red frente a los pasos que debían seguir y, en algunas oportunidades, tramitaron de manera directa las visas.

Entre los otros capturados se encuentran Harvey Castellanos Briceño, quien laboraba en una notaría de Bogotá; Miguel Ángel Perico Garzón, supuesto falsificador de documentos privados; Triny Lamadrid Blanco, José Eleazar Contreras Lizarazo y Ómar Iván Gutiérrez Echeverría, quienes adelantaban la labor de tramitadores.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción, obtención de documento público falso, falsedad material en documento privado, asesoramiento (y otras actuaciones ilegales), y cohecho por dar u ofrecer (entrega y repartición de sobornos).

El delegado del ente investigador señaló que cada uno de los siete integrantes tenía una función definida dentro de la organización para ubicar a personas interesadas, falsificar los documentos, realizar los trámites y conseguir las visas.

Tras la pregunta del juez de control de garantías de Bogotá, los siete procesados se declararon inocentes. El funcionario judicial ordenó enviar a la cárcel a Miguel Ángel Perico Garzón, supuesto falsificador de documentos privados; a Triny Lamadrid Blanco y Ómar Iván Gutiérrez Echeverría, quienes adelantaban la labor de tramitadores; a funcionarios de la Cancillería; a Javier Mauricio Carrasco Ceballos, quien era oficial de visas en la sede norte de la Cancillería de Bogotá, y a Giovanny Angulo Ariza, quien se desempeñó como auxiliar de la misión diplomática en el consulado de Colombia en Barinas (Venezuela).

Por presentar problemas de salud, Harvey Castellanos Briceño y José Eleazar Contreras Lizarazo fueron cobijados con detención domiciliaria.

Recientemente, en plena crisis por la expedición de visas se conocieron varias denuncias sobre la existencia de redes encargadas de tramitar de manera fraudulenta permisos de migración y trámites de visado en diferentes ciudades del país.