En la mañana de este viernes, 10 de febrero, las autoridades municipales y departamentales sostuvieron una reunión para determinar las acciones a implementar frente a los hechos de violencia que se han registrado en el Cesar.

Al término de ese encuentro, el secretario de Gobierno departamental., Eduardo Esquivel López, anunció una millonaria recompensa para esclarecer el ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía en el municipio de La Gloria.

“Decidimos establecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información certera que sirva de base para que la Fiscalía General de la Nación avance en sus investigaciones”, informó el funcionario.

Reunión de seguridad en el municipio de La Gloria. | Foto: Policía

El atentado, que se perpetró el pasado jueves 9 de febrero, iba dirigido, al parecer, contra el Grupo de operaciones especiales de hidrocarburos.

De acuerdo con información preliminar, un artefacto explosivo detonó en zona rural de La Gloria cuando una patrulla de la institución transitaba por el sector.

Se conoció que el vehículo circulaba por el puente Simaña, en la vía que conduce a la vereda La Mata, cuando el conductor disminuyó la velocidad y en ese momento fue activada la carga explosiva. Posteriormente, los ocupantes del automotor fueron atacados con armas de largo alcance.

Atentado en La Gloria, Cesar | Foto: A.P.I

El reporte preliminar entregado por la institución indica que al menos dos uniformados resultaron lesionados. Los policías heridos responden a los nombres de Alfredo Rafael Barrios Maya, quien presenta impacto por arma de fuego en el pectoral derecho y tuvo que ser trasladado al municipio de Aguachica para recibir atención médica.

A ese mismo municipio fue remitido Helver Urbano Quintero, diagnosticado con aturdimiento por la onda explosiva.

Exministro de Justicia habla sobre su seguridad

SEMANA conversó con el exministro de Justicia y ahora candidato a la Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, sobre la grave situación que afronta por cuenta de la reducción de su esquema de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

Tal como ya lo había advertido, en diálogo con SEMANA, el exjefe de la cartera de Justicia del gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que luego de terminar su función en la pasada administración, “el esquema de protección ha disminuido progresivamente, desconociendo el riesgo actual, inminente, serio y presente” sobre su seguridad y la de su familia.

“A finales de diciembre me habían notificado que se me iba a reducir dicho esquema, que era quitarme dos camionetas blindadas y una convencional, que era mi seguridad y la de mi familia. Yo presenté recurso de reposición ante el director de la UNP, y hace tres días fue confirmada la resolución, o sea me negaron la reposición. Y ayer presenté tutela y me dicen que debía entregar dos carros y dos hombres de protección. Y hace exactamente unos minutos antes de esta entrevista me cuentan que solo una camioneta tenía que ser devuelta”, dijo Ruiz.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz. | Foto: NO

Ruiz explicó que durante su ministerio, se avaló la extradición de muchos delincuentes, entre ellos alias Otoniel, el exjefe del Clan del Golfo: “El hecho de que haya entrado otro Gobierno, no significa que se puede desconocer todo lo que hicimos en materia de justicia y lucha contra la criminalidad. Una vez, intervinimos más de 45 cárceles por temas de inseguridad”.

“No me asignan hombres de protección ni camionetas ni nada, me tocó traerme las camionetas de Bogotá para Cali. Es importante señalar que la Policía no me ha dejado solo, ni en Cali, ni en Bogotá”.

Ruiz también contó que su hija tuvo algunas situaciones de seguridad, pero se verificará la situación en la institución educativa en la que estudia. Además, menciona algunas de las ejecutorias que hizo desde el Ministerio de Justicia y que podrían ser las razones por las cuales debería tener un esquema de seguridad robusto.

“Durante mi ejercicio como Ministro efectivicé (380) extradiciones de delincuentes y suscribí (439) de (717), así mismo, luché frontalmente en contra de organizaciones criminales que desde centros de reclusión infringían la Ley, ante lo cual fue necesario el fortalecimiento de la vigilancia intramural, traslados de privados de la libertad, allanamientos e incautaciones de droga, armas, equipos tecnológicos utilizados para delinquir desde celdas y otras decisiones que impactaron la delincuencia organizada”, manifestó el exfuncionario.