El pasado 16 de marzo se retomó la negociación entre el Gobierno nacional y los mineros del Bajo Cauca antioqueño, suspendida hace una semana en Caucasia y reanudada este jueves en Bogotá, para buscarle una salida al paro que puso en jaque a doce municipios del departamento de Antioquia.
Sin embargo, ninguna de las partes quiso cruzar líneas rojas y, por eso, la conversación se suspendió nuevamente el viernes 17. La manifestación continuará.
Sobre las conversaciones, el expresidente Álvaro Uribe se refirió y aseguró que “el mensaje de los mineros fue transmitido al presidente Petro y al gobernador Aníbal Gaviria”.
Asimismo, el exmandatario aseguró que “el presidente Petro irá a la región. Ojalá haya un acuerdo con los mineros, víctimas de la violencia, no sus actores”. Hasta el momento, el presidente no se ha pronunciado sobre su posible viaje o reunión con los mineros de la región.
Sobre lo que sí se pronunció el presidente Gustavo Petro, en las últimas horas, fue la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo, señalado de estar detrás de los hechos de violencia en el marco del paro minero.
La arremetida del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, que ha sido negada por esa organización criminal, llevó a que el mandatario suspendiera, este 19 de marzo, el cese al fuego bilateral pactado tras la quema de seis camiones.
La violación al cese fue sistemática desde el primer día y quienes llevaron la peor parte fueron justamente las comunidades que, según había dicho el presidente, le solicitaron al Gobierno pactar dicho cese.
“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, anunció Petro en Twitter.
“He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, ordenó el mandatario.
Las negociaciones con mineros en Bogotá
El encuentro se realizó en las instalaciones del Ministerio del Interior, en Bogotá, luego de que el ministro Alfonso Prada sorprendiera al comité organizador de la protesta con una comunicación, invitándolos nuevamente al diálogo, en el momento en que se estaba reactivando el alboroto.
Además de él, los representantes del presidente Gustavo Petro fueron Susana Muhamad, ministra de Ambiente; Irene Vélez, ministra de Minas y Energía; Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, y un grupo de viceministros, mientras que de la subregión fueron doce personas.
Se conocen pocos detalles del encuentro. Lo cierto es que los voceros del movimiento del paro grabaron un video informándoles a sus colegas que el diálogo se frenaba hasta nueva orden. Ellos retornarán al municipio de Caucasia y esperarán la posición del Gobierno nacional frente a la situación.
La vocería la tomó Saúl Bedoya: “Estamos aquí y emprendemos de nuevo a casa. Hasta ahora, no ha habido un oportuno acuerdo. Los diálogos siguen de manera parcializada, han sido interrumpidos, han sido suspendidos. Seguimos donde estamos”. Pero quieren volver a la mesa.
Las autoridades están dispuestas a escucharlos bajo el ultimátum de no protagonizar más hechos que alteren el orden público. Así se ha cumplido. En las últimas 72 horas, ha bajado el índice de la violencia. En medio de la incertidumbre, la calma se ha tomado los doce municipios afectados.
Las 300 mil personas que estuvieron confinadas han vuelto a salir a las calles, los vehículos de carga pesada han rodado por la troncal de la costa Atlántica y ya hay suficientes alimentos, pero el precio está por las nubes a raíz de la coyuntura. Aunque el temor todavía persiste en la gente.
Por ejemplo, los estudiantes siguen sin ir a los colegios. Por disposición de la Secretaría de Educación de Antioquia, deben realizar trabajos en casa y usar la virtualidad para comunicarse con los docentes. Las garantías de seguridad no están dadas para retornar a las instituciones públicas.
En las últimas horas, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, reiteró su tesis sobre quiénes están detrás de la movilización: “Ante los gobernadores del país reiteramos que lo que ha pasado en el Bajo Cauca y nordeste es una falsificación de la protesta ciudadana”.
Con su dedo sigue señalando a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo como financiadores de los actos vandálicos. Al parecer, les estarían pagando a jóvenes hasta 70 mil pesos para que protagonizaran escenas violentas contra la fuerza pública, la propiedad privada e instituciones.
Lo más crítico fue la obstrucción de las carreteras. El Ejército Nacional y la Policía retomaron el control de la situación, pero las amenazas siguen sobre el tablero. No se descartan nuevas afectaciones a la seguridad. Con múltiples caravanas les dan tranquilidad a los conductores.
Como lo manifestó en el pasado, Gaviria le recordó al país que los habitantes han estado sometidos a las leyes de algunos ilegales: “El bloqueo de vías es tremendamente violento, pues vulnera los derechos de miles de ciudadanos. El rechazo a estas acciones debe ser contundente”.