Álvaro Yazid, Miguel Ángel Vargas Ruiz, Maritza Ruiz de Vargas y María Estela Granados Araque fueron judicializados por la Fiscalía. Son ellos los responsables, de acuerdo con una investigación, de diseñar, conformar y poner en marcha una red dedicada al contrabando de celulares en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, los ahora imputados se orquestaron para un emprendimiento criminal que perduró por casi una década, entre 2010 y 2019, y logró hacerles consejo a las autoridades para ingresar, de manera ilegal, réplicas de celulares que vendían en Colombia como originales.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de una red señalada de ingresar al país cargamentos de celulares de contrabando”, explicó Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales.

La investigación que adelantó la Fiscalía concluyó que las personas, integrantes de esta red criminal, lograron ingresar desde diferentes puertos del país las réplicas de celulares provenientes de países como Vietnam, Taiwán, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados Unidos, Panamá e India. En Colombia los comercializaban a gran escala y en los llamados Sanandresitos.

“La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado. Adicionalmente, detectó que, presuntamente, fueron adulteradas facturas con el propósito de pagar menos impuestos”, explicó el ente acusador.

Esa misma investigación permitió conocer el modus operandi de la organización, por quiénes estaba integrada y los detalles expuestos en una audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares por cuantía de 147.000 millones de pesos, lavado de activos en 10.000 millones de pesos y contrabando.

“Finalmente, los celulares que entraban de contrabando eran distribuidos en el comercio informal. En ese sentido, se generó una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y a los comerciantes legales”, se conoció luego de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de los cuatro procesados.

El tráfico y contrabando de los de las réplicas de celulares de alta gama estuvo activo por casi 10 años, pero fue el incremento patrimonial de quienes ahora fueron judicializados lo que llamó la atención de las autoridades, que decidieron investigar y se encontraron con esta red criminal que amasó una fortuna a través de esta modalidad.

“Los análisis financieros, patrimoniales y contables realizados indican que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente, realizaron movimientos financieros irregulares e incurrieron en anomalías en las declaraciones de renta que presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)”, explicó el funcionario de la Fiscalía.

El material probatorio recaudado por el ente acusador será usado para presentar los argumentos necesarios de cara a un eventual juicio en contra de los procesados y de esta forma obtener una condena, incluso avanzar en investigaciones relacionadas con la extinción de dominio.