Cuatro días después de la orden del juez de control de garantías, en la mañana de este miércoles el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Olmedo López fue trasladado hasta el Batallón Caldas, en el nororiente de Bogotá.
Así lo confirmó su abogado, José Moreno Caballero, quien aseguró que esta medida busca proteger la vida e integridad personal de López quien se ha comprometido a seguir entregando información sobre los hechos de corrupción que se han presentado en la entidad.
“Desde el sábado no teníamos comunicación con nuestro cliente”, aseveró el jurista al reclamar que se superaron las 36 horas que fijó el juez de control de garantías de Bogotá para realizar el traslado del exfuncionario a una guarnición militar para que cumpliera su medida de aseguramiento dentro del proceso penal que se le adelanta por irregularidades en millonarios contratos en la UNGRD.
El abogado puso de presente la información entregada en medio de la investigación y que fue citada por la Fiscalía General durante la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector de la UNGRD por la celebración irregular de millonarios contratos en varias regiones del país para atender la emergencia por lluvias y sequía.
“Incluso, el juez resaltó que la Fiscalía no hubiese podido conocer de ciertos tipos de hechos de corrupción sin la declaración del señor Olmedo López”, manifestó el abogado al pedir que se le den todas las garantías de seguridad y protección.
Igualmente, advirtió que existe una “campaña de desprestigio” para sembrar dudas en todo lo que ha dicho el exfuncionario y con lo que se han implicado a varios dirigentes políticos. “La contraparte debe entender que lo único que no pueden cambiar son los actos del pasado”.
La Fiscalía General le imputó al exdirector de la UGRD los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Pese a que no aceptó cargos su defensa anunció que siguen en la búsqueda de un principio de oportunidad con lo que se convertiría en testigo de cargo de la Fiscalía General dentro de los juicios penales por estos actos de corrupción.
Las acusaciones contra Olmedo López
Según la exposición de la Fiscalía General, durante el tiempo en que estuvo en la dirección de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez direccionó los procesos de contratación dentro de la entidad para entregar a dirigentes políticos, empresarios y particulares millonarios convenios de obra para la mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.
Las pruebas indican que entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos.
Estas irregularidades ascenderían a los 228.884 millones de pesos.
Los contratos involucrados contemplaban el suministro de materiales para atender emergencias en Nariño, Chocó y Cauca; comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por 46.800 millones de pesos, adquirir otros 20 carrotanques, por más por 27.000 millones de pesos, y 20 camiones tipo bombero, por 31.000 millones de pesos.
la investigación estableció un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato de carrotanques para La Guajira. Parte de este dinero fue destinado al pago de coimas. 724 millones de pesos habrían correspondido a Olmedo López Martínez y 342 millones a Sneyder Pinilla Álvarez. Aquí el contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos.
De otro lado, se evidenció que la UNGRD también contrató el alquiler de carrotanques, por algo más de 24.000 millones de pesos, con amigos del exsubdirector del Manejo del Riesgo; y confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios, por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).