Este martes 10 de diciembre, la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
En el documento de 184 páginas se hace plena referencia a la “empresa criminal” que se montó entre mayo de 2023 y septiembre de 2024 dentro de la entidad para el desvío de millonarios contratos para favorecer así a dirigentes políticos, funcionarios del Gobierno y empresarios.
La Fiscalía sostuvo que estos dos funcionarios arreglaron los procesos de licitación y entregaron varios contratos al empresario nariñense Luis Felipe López Rosero, con quien existía un pacto para la entrega de comisiones del 10 % del valor total de los contratos.
Entre los contratos entregados a dedo se encuentra el polémico convenio para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a varias regiones del departamento de La Guajira afectadas por la sequía.
Este contrato, que tuvo un valor final de 63 mil millones de pesos, además de presentar sobrecostos por el valor unitario de cada camión, registró —según sostiene el ente investigador— una falla de planeación, pues los camiones no cumplían con los requerimientos técnicos.
En palabras del escrito de acusación, “a cambio del pago de coimas para sí o para terceros, e incurrieron en diversas falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación. La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta”.
En el extenso documento, que será puesto de presente el próximo 14 de enero ante el juzgado cuarto especializado de Bogotá, se hace mención a varios implicados en esta “empresa criminal”, entre los que se encuentran el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González; la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el senador de la Alianza Verde, Iván Name, y el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Calle.
En relación con estos dos congresistas, la Fiscalía General señaló que los directivos de la UNGRD avalaron entregarles cuatro mil millones de pesos en octubre de 2023. “Este préstamo de cuatro mil millones de pesos con sus intereses de 276 millones de pesos, fue cancelado en los primeros días de enero de 2024, luego que se recibiera el pago de la coima pactada con Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero”.
En el último aparte de la acusación se hace una especial mención a los contratos de proyectos de obra pública en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca), y Carmen de Bolívar (Bolívar), que ascendían a 90 mil millones de pesos y “en los cuales estarían interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso, Julio Elías Chagüí, Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte; Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla tanto a Olmedo López como a Sneyder Pinilla”.
Olmedo López y Sneyder Pinilla deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por su uso.
Sin embargo, se espera que en esa diligencia se oficialicen los preacuerdos y los principios de oportunidad a los que llegaron con la Fiscalía General en el marco de la investigación. Los abogados de los dos exdirectivos de la UNGRD han manifestado que su colaboración ha permitido destrabar el expediente y ha logrado involucrar a otros funcionarios.