Para el próximo 7 de noviembre quedó programada una nueva audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y el exsubdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla.

Los dos exfuncionarios deberán responder por otro cargo de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. En la actualidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla se encuentran en una guarnición militar a la espera de que se resuelva el principio de oportunidad que vienen negociando con la Fiscalía.

Desde la Fiscalía detallaron que “el próximo 7 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación ampliará imputación en contra de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, en atención a nuevos elementos de prueba que dan cuenta de su posible responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público”.

Este nuevo proceso estaría relacionado con un nuevo acto de corrupción que identificó la Fiscalía en el contrato para adquirir carrotanques pequeños a la empresa Yapurutú.

Hace pocos días, SEMANA conoció que Pinilla —en su condición de colaborador del proceso que avanza en su contra— le entregó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia una lista de 26 personas, entre funcionarios de la UNGRD, contratistas y miembros del Gobierno, que habrían participado del millonario saqueo y cuyos nombres ahora están en manos de las autoridades.

Una de las pruebas más importantes que entregó el exsubdirector de la UNGRD, para que los investigadores puedan verificar todas las inconsistencias en la entidad, fue su teléfono celular de referencia iPhone 14, “para que se realice una extracción selectiva y controlada forense de los números telefónicos de las personas que me permito relacionar a continuación, lo cual es única y exclusivamente con fines judiciales vía cooperación”.

El abogado Luis Gustavo Moreno, defensa de Pinilla, aseguró que este nuevo proceso hace parte de “la cooperación del señor Pinilla, dentro del marco del principio de oportunidad que la misma fiscal general de la nación anunció la semana pasada que se va a celebrar. Todo esto para acercar al país, no solo a los máximos responsables, sino también a la verdad”.

Hay que recordar que tanto Pinilla como López están procesados por la justicia después de que aseguraran que del millonario contrato con el que se compraron carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, se desviaron por lo menos 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, según sus versiones. El objetivo habría sido conseguir apoyos a las reformas sociales del Gobierno.

Las declaraciones y pruebas de Pinilla también pusieron en evidencia el oscuro acuerdo entre el Gobierno y congresistas de Comisión de Crédito Público, quienes, a cambio de la entrega direccionada de contratos en Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca) por 92.000 millones de pesos, presuntamente para comprar la conciencia de los legisladores y que dieran vía libre a la aprobación de empréstitos para la nación.