A la compleja situación revelada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda, relacionada con la confrontación que adelantan grupos armado en el municipio de Ricaurte, Nariño, se suma ahora el panorama revelado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en este mismo sentido.
De acuerdo con la ONIC, las situaciones que se vienen registrando en la zona “han ocasionado múltiples desplazamientos y confinamientos dentro de los territorios, creando pánico y zozobra en la comunidad en general. Hasta el momento se desconoce el número de familias afectadas por esta delicada situación”, aseguran en un comunicado.
Esta fue confirmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde donde indican que en el territorio han podido constatar las graves consecuencias que está generando la disputa territorial que sostienen el ELN y la Segunda Marquetalia en esa localidad que está ubicada a 142 kilómetros de Pasto, la capital del departamento de Nariño.
Las autoridades indígenas aseveran que entre los más recientes hechos relacionados con afectaciones a la tranquilidad de los habitantes de la zona se encuentran:
- 11 de junio de 2023. Actores armados ingresaron a los resguardos de Vegas Chagui Chimbuza, Magui, Integrado la Milagrosa, Cuaiquer Viejo y Cuascuabi Paldubi realizando actos de hostigamiento contra la población.
- 13 de junio de 2023. Se denunció la presencia de grupos armados ilegales dentro del resguardo Palmar Imbi, quienes permanecieron al interior del resguardo.
Teniendo en cuenta estos acontecimientos, esta autoridad Nacional de gobierno propio, denunciaron y exigieron de manera urgente a todos los entes de control nacional e internacional para que “en el marco de sus competencias intervengan en el asunto para detener la situación de riesgo y amenaza de nuestros lideres indígenas”, dice el comunicado.
El llamado fue realizado a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional, entre otras.
Frente a esta situación desde la OACP ratificaron “Las fuentes de la Oficina de Paz en el territorio han constatado el confinamiento y el desplazamiento de las comunidades por la agudización del conflicto en los últimos días, sumado a las extorsiones que han venido afectando a los comerciantes de la zona, particularmente en la parte urbana”.
Indican que esta confrontación afecta directamente y de manera especial a integrantes de la etnia indígena Awá por lo que un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) liderará una Misión de Paz que permanecerá en la zona haciendo acompañamiento a las comunidades desplazadas.
“Les exigimos no interferir en los asuntos organizativos de las comunidades”, enfatizan de manera oficial e indican “la guerra por el territorio, que tanto dolor está generando, es una expresión de barbarie”.
Revelaron que las comunidades han sido claras en su exigencia a todos los actores armados: deben detener los enfrentamientos y comprometerse con la salida dialogada al conflicto que el Gobierno nacional les ha planteado.
“Convertir los campos en territorios abandonados es impedir que el proyecto de democracia con justicia social y ambiental avance en el país. Esta guerra fratricida atenta contra la esperanza de paz de la población”, afirman desde la OACP.
Por último la Organización Nacional Indígena de Colombia, le solicitó a la Defensoría del Pueblo, y a los órganos multilaterales como MAPPOEA y ONU a que acompañen este caso y “en el marco de sus funciones realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación de inmediato con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios a los derechos humanos”, dice la comunicación.