Juliette de Rivero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, manifestó su preocupación ante el aumento de los hechos de violencia en Colombia a un poco más de un semana de realizarse las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas.
De Rivero aseguró que hay más preocupación en las circunscripciones especiales de paz, donde se ha recrudecido el conflicto y para ello pidió garantías al gobierno y a las autoridades para que se permita el ejercicio político sin problemas, aseguró Blu Radio.
En un informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada se pudo evidenciar la situación de derechos humanos en Colombia desde 2022 y ofrecen una serie de recomendaciones al gobierno para que se reduzcan los actos violentos, según explica el noticiero radial.
Las 16 circunscripciones especiales de paz son las que generan más preocupación a la ONG pues los aumentos de la violencia ponen en riego la posibilidad de que los residentes de estos territorios puedan elegir, por primera vez, sus voces al congreso.
De acuerdo con Blu Radio, Naciones Unidas ha llevado 500 misiones a lo largo del territorio nacional para constatar los actos de violencia que se presentan en las circunscripciones de paz.
De acuerdo con el informe presentado por la ONU, se documentaron 100 masacres en 2021, 24 más que el año inmediatamente anterior, y en 78 de estas se registraron 292 víctimas.
Además, añadió que los desplazamientos forzados también tuvieron un aumento y en su mayoría afectaron a personas afrodescendientes e indígenas. Entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas fueron desplazadas por la violencia.
Por otra parte, el informe reveló el aumento de denuncias de violencia contra los defensores de los derechos humanos; se reportaron 202 activistas asesinados en 2021, mientras que esta cifra solo fue de 133 en 2020.
ONU muestra preocupación ante “aumento de la violencia” en Arauca
Naciones Unidas aseguró sentirse preocupada ante el aumento de la violencia en el departamento de Arauca, en la frontera de Colombia con Venezuela, y pidió que cesen los combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc para que no haya más desplazados.
“Nos preocupa el aumento de la violencia y tendremos que ver qué se puede hacer para ayudar a los desplazados por los combates. Mientras tanto, por supuesto, estamos pidiendo que cesen los combates y que todos aquellos que lo necesiten estén accesibles para que puedan recibir asistencia”, dijo el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq.
Este mismo jueves, el Ejército Nacional informó que durante un ataque con explosivos durante el traslado de una patrulla militar en el municipio de Fortúl, falleció muerto un militar y otros dos resultaron heridos. El ataque, según el comunicado, fue sido atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca.
“Tienen temor”
Arauca es actualmente una zona de guerra que tiene al Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y Ejército Nacional como protagonistas. El departamento ubicado en el oriente de Colombia ya ha presenciado al menos 67 homicidios en lo corrido de 2022, según reveló el fiscal general, Francisco Barbosa.
De acuerdo con el funcionario público, la Fiscalía ha determinado el asesinato de 64 hombres y tres mujeres que perdieron la vida tras ataques terroristas perpetrados por las organizaciones delincuenciales o al ser víctimas de homicidios selectivos.
Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que al finalizar enero ya se había reportado el desplazamiento de más de 400 familias víctimas de la violencia entre los grupos guerrilleros, lo que, traducido en individuos, son casi 1.500 personas que han tenido que salir de sus hogares en busca de sitios lejanos a la guerra narcoterrorista que hoy azota Arauca.
“Entre desplazamientos paulatinos y masivos ya hemos registrado 1.486 personas de 455 familias afectadas. Arauca no puede seguir siendo afectado por la violencia entre grupos armados ilegales. Les exigimos respetar la vida y mantener estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario”, indicó también la Defensoría del Pueblo en Colombia, el pasado 23 de enero.