Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, fue imputado formalmente por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El ahora candidato a la Presidencia no aceptó los cargos, que según la Fiscalía General de la Nación sucedieron en el marco de un préstamo en dólares entre el departamento y el Banco CorpBanca. De inmediato, el matemático se reunió con una delegación de las Naciones Unidas para garantizar sus derechos en medio del proceso.

El acercamiento de Fajardo hacia la organización supranacional rindió frutos. Este lunes, el candidato de la coalición Centro Esperanza anunció que la ONU vigilará la actuación de la Fiscalía en el caso que adelanta en su contra. En esa misma línea, la entidad está dispuesta a intervenir ante el Estado para que se “investigue, prevenga o sancione” cualquier afectación de derechos humanos o políticos hacia el aspirante.

Según un comunicado que llegó hasta la defensa jurídica de Fajardo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, expresó su interés en “velar y seguir de cerca” el proceso del precandidato presidencial. Fue ahí que advirtió posibles intervenciones si se vulneran derechos.

El interés de García Sayán, según el equipo de Fajardo, nace desde el hecho de que la Procuraduría archivó una investigación disciplinaria por los mismos hechos en 2017. Además, también conoció sobre el informe de expertos en el que la misma Fiscalía, cinco días antes de la imputación de cargos, determinó que no existían irregularidades alrededor del préstamo realizado por el exgobernador de Antioquia.

Fajardo también informó que el Tribunal Superior de Bogotá autorizó que un perito forense entregue las comunicaciones entre el exfiscal Gustavo Moreno, la gobernación de Luis Pérez, el entonces auditor Carlos Felipe Córdoba y la Contraloría antes de la denuncia e investigación contra el candidato de centro.

“Esto puede ayudar a determinar el rol que jugaron estas personas en influir para que se construyera un caso contra Sergio Fajardo”, reza el comunicado del aspirante a la Presidencia.

Además, el documento resalta la suspicacia por los otros 147 préstamos en dólares similares reportados y registrados en el país. De estos otros casos, ninguno está siendo investigado.

“Con el respaldo de la ONU y las pruebas autorizadas por el Tribunal, confiamos en poder probar los oscuros intereses que hay detrás de esta trama”, aseveró Fajardo sobre el tema.

En Twitter, aseguró que la protección de las Naciones Unidas se implementa “para evitar que Francisco Barbosa siga abusando de su poder”.

Cruce de quejas entre Fajardo y la Contraloría por Hidroituango

Un cruce de mensajes se ha registrado en la última semana entre la Contraloría General y el candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama. La discusión alcanzó un nuevo nivel después de que, el pasado 28 de enero, el organismo de control fiscal declarara reparado el daño patrimonial por las demoras y sobrecostos en este proyecto hidroeléctrico.

Para Fajardo, en este proceso fiscal se desconocieron las pruebas que presentó su defensa para demostrar que nunca incurrió en ninguna irregularidad en la planeación y ejecución de Hidroituango. En la queja radicada ante la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá se señala que la contralora Juliana Velasco Gregory, que firmó el primer fallo, incumplió “sus deberes profesionales” al no revisar todas las pruebas presentadas.

En este punto se indica que “tergiversó las pruebas y mutó el contenido del Acta 93 de 2009 de la junta directiva de Hidroituango”. Frente a esto pide que se le abra una investigación disciplinaria al incumplir sus funciones de contralora y omitir sus conocimientos como profesional del Derecho.

Sin embargo, la contralora contraatacó y radicó ante la misma Comisión una queja contra la abogada Aracely Tamayo, apoderada de Sergio Fajardo, al considerar que los señalamientos son infundados y no tienen un soporte probatorio claro.