Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino rindieron unas declaraciones a los medios de comunicación luego de que fuera aplazado el debate de control político que tenían preparado, junto a Angélica Lozano, contra el ministro de la Defensa, Diego Molano, en el Senado este martes 3 de mayo. El alto funcionario se excusó porque tuvo que atender una situación en la Orinoquía.

Cepeda sacó a relucir los argumentos que tenían guardados para ese encuentro y dejaron dudas sobre lo ocurrido en Alto Remanso (Putumayo), pero además, generaron cuestionamientos sobre más operativos del Ejército en otras regiones.

El senador compartió un video de la campaña Artemisa en su décimo cuarta fase, llevado a cabo por el Ejército en la Serranía de Chiribiquete el pasado 6 de marzo. Las autoridades informaron en ese entonces de un fallecido, luego de que se presentara una asonada por parte de la comunidad en la que supuestamente se impidió la realización de esa operación.

Cepeda aseguró que se trató de Julián Andrés Suárez, un líder indígena del cabildo de La Esperanza, ubicado en la vereda el Triunfo en Caquetá. En el video, el senador mostró que los militares taparon el cuerpo que fue abatido, lo que para el senador es una manipulación de la escena, la cual considera no podía hacerse por los miembros de la fuerza pública.

Cabe recordar que en esa ocasión un militar fue detenido por las autoridades indígenas, que según versión del mismo soldado, habría sido secuestrado y torturado por la comunidad.

La Fiscalía detuvo a Reynaldo Quebrada Quilcué, un gobernador indígena de esa comunidad que tiene presencia en la serranía, no solo por la retención arbitraria del uniformado sino porque supuestamente sería uno de los mayores deforestadores del Caquetá, según las versiones de las autoridades.

En esa ocasión la declaración del militar retenido por la comunidad fue fundamental para la investigación de Quebrada y su posterior captura.

SEMANA le preguntó al senador Cepeda si se tuvieron estas consideraciones a la hora de evaluar el caso que denuncia, a lo que respondió que más allá de que pueda haber personas involucradas en temas de deforestación en esa región, esas discriminaciones tienen que hacerse individualmente y no estigmatizar y atacar a la comunidad, como considera que sucedió ese día.

“No hay ningún tipo de excusa ni justificación frente a lo que acabamos de ver. Nada justifica que hayan disparado contra personas desarmadas. En segundo lugar, no dejar intacto el cuerpo y arrestar a un líder para presentarlo como parte de una organización criminal”, reclamó Cepeda.

Agregó que deberán ser las autoridades quienes hagan las responsabilidades individuales. “Es una mala práctica catalogar comunidades enteras como deforestadoras para atacarlas. Los individuos deben tener la responsabilidad penal, pero catalogar comunidades de todo un corregimiento, como se ha venido haciendo, de manera infame como ocurrió en Puerto Leguizamo, como si todos fueran narcotraficantes, es algo que es absolutamente impresentable desde todo punto de vista”, dijo el congresista del Pacto.

Cepeda y Sanguino reclaman que esas son las explicaciones que le querían pedir al ministro Diego Molano en el debate que tienen citado en el Congreso. Consideran que el aplazamiento que se presentó para ellos es una evasión del tema, a pesar de que aún puede darse ese encuentro en los próximos días.

El ministro Molano ya respondió en la Cámara de Representantes por lo ocurrido en Alto Remanso (Putumayo) y se espera que este miércoles esa corporación vote la moción de censura que fue discutida una semana atrás. Allí, los miembros de la oposición también buscaron responsabilizar al ministro Molano y a los miembros de las fuerzas militares de supuestamente haber atentado contra la comunidad y de haber cometido casos de falsos positivos, aunque el Gobierno y los militares tienen otra versión.