La oposición en el Congreso mostró su inconformidad con una comunicación enviada el pasado 31 de diciembre por Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, presidentes del ambas cámaras, en la que se apartan de la decisión tomada en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra Colombia.

Varios congresistas, especialmente de partidos de izquierda y centroizquierda, decidieron de forma conjunta enviar otra comunicación directamente a la presidenta de la Corte IDH, Elisabeth Odio Benito, rechazando ese pronunciamiento.

En la carta se apartan de la opinión de Arias y Gómez y señalan que esa no es su percepción frente al fallo. “El pronunciamiento de los señores Arias Falla y Gómez Jiménez no representa la posición institucional del Congreso de la República de Colombia, por el contrario, obedece a una valoración personal de estos congresistas”, dicen.

Aseguran que si bien se habló en nombre del Congreso, esta decisión nunca se tomó en conjunto y no fue consultada con las diferentes bancadas parlamentarias. “No cuenta con el aval de las corporaciones que presiden, por lo que su pronunciamiento es individual, dado que como miembros de corporación y de partidos declarados en oposición, no conocíamos, ni compartíamos el contenido de la misiva enviada a la Corte”, aseguran.

Sobre el contenido de fondo dicen que, contrario a la comunicación enviada por Arias y Gómez, ellos consideran que la norma que reformó la Procuraduría, es decir la Ley 2094 de 2021, no cumple con la solicitud que fue expresada en el fallo de la Corte IDH en el caso Petro, y que ellos manifestaron esas diferencias en medio de la discusión parlamentaria.

“Un número considerable de congresistas durante el trámite legislativo votó negativamente este proyecto dejando constancia de que el texto aprobado por las mayorías era contrario al fallo de la Corte por cuanto constituye una indiscutible elusión y desconocimiento al estándar convencional y una vulneración al contenido de la Constitución”, afirman.

Asimismo, recuerdan que en la Corte Constitucional cursa una demanda por inconstitucionalidad ante la ley, la cual deberá ser revisada por el Alto Tribunal, que decidirá si efectivamente existe algún impedimento para declararla inexequible o es avalada.

Sobre la ley dicen que las funciones establecidas allí no subsanan la afectación que se habría dado en el caso de Petro, en la que se determinó que la Procuraduría no puede destituir a alguien elegido por voluntad popular, sino que tiene que ser un juez independiente.

“Resulta inadmisible que un órgano administrativo pueda imponerle a un funcionario elegido popularmente una sanción de destitución e inhabilidad, que implique una restricción al ejercicio de los derechos políticos a elegir o ser elegido, aún cuando para ello haya sido investido de facultades jurisdiccionales”, aseguran los congresistas.

La carta está firmada por Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Jorge Gómez, Germán Navas, Ómar de Jesús Restrepo, Aída Avella, Jesús Alberto Castilla, Feliciano Valencia, Abel David Jaramillo, Jorge Enrique Robledo, Alexánder López, Wilson Arias, David Racero, Wilmer Leal, Roosvelt Rodríguez, Sandra Ramírez, Julián Gallo, Jairo Reinaldo Cala, Fabián Díaz Plata, Luis Alberto Albán, María José Pizarro, Carlos Alberto Carreño, Katherine Miranda, León Fredy Muñoz, Jorge Londoño y Neyla Ruiz.

Algunos de ellos ya se habían pronunciado en contra de esa comunicación cuando trascendió a la opinión pública. “¡Qué les pasa a estos abusivos! Presidente del Senado y de la Cámara ahora mandan respuesta a la Corte IDH con sus apreciaciones sesgadas y mentirosas a nombre de todo el Congreso. ¡Respeten, Esa comunicación no es oficial! ¡Ustedes no hablan en mi nombre!”, comentó Miranda, de Alianza Verde.

Por su parte, Iván Cepeda había anunciado una comunicación en la que se distanciaban de las opiniones de Arias y Gómez. Y David Racero invitó a que conjuntamente los miembros de la oposición enviaran otra carta paralela.