Luego de los hechos conocidos tras el operativo llevado a cabo en las últimas semanas por el Ejército en Putumayo, en contra de lo que serían estructuras armadas del narcotráfico, la oposición en el Congreso se movió y citó al ministro de Defensa Diego Molano.
En la tarde de este miércoles, 36 congresistas de partidos de oposición al Gobierno firmaron la solicitud para realizar una moción de censura, la cual fue presentada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias.
La iniciativa es liderada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien se ha convertido en una de las figuras de la oposición que ha liderado este tipo de iniciativas en contra de los funcionarios del Gobierno. Miranda fue una de las que más cuestionó la gestión de la exministra Karen Abudinen, quien salió de su cargo luego del escándalo de Centro Poblados con el MinTIC.
En la proposición que presentaron los parlamentarios, y con la que buscarán dar un debate de control político y pedirle explicaciones por lo sucedido en Putumayo, luego de las hipótesis que han salido a relucir en los últimos días por declaraciones de algunos miembros de la comunidad, que contrasta con lo relatado por informes oficiales del Ejército.
Los congresistas cuestionan en el documento que supuestamente el Ejército habría modificado la escena después de lo sucedido y previo a que llegaran las autoridades competentes para revisar lo que pasó en el combate. Aunque según el informe oficial llegaron horas después del combate.
Los congresistas tienen la teoría de que, supuestamente, no se trató de un enfrentamiento con la Fuerza Pública con las disidencias de las Farc, sino que se trataba de población civil y no de un “bazar cocalero”, como fue definido por el Ejército.
Cuestionan también que altos mandos de las Fuerzas Militares hayan dicho que el procedimiento se enmarcó en los estándares del DIH, y que un informe de la Defensoría del Pueblo habría pedido esclarecer las identidades y los roles de las personas fallecidas.
El ministro Diego Molano publicó un mensaje el 30 de marzo en el que responde a las críticas de Gustavo Petro, quien fue uno de los primeros en decir que supuestamente se trataba de civiles inocentes.
“Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. Petro embustero, ¿de qué lado está? Operación legítima”, comentó el ministro de la Defensa con un video en el que evidenciaría que las personas tenían fusiles terciados y que en la mesa había pasta de coca.
Los congresistas, al igual que algunas versiones, cuestionan que no fueran miembros de la guerrilla, sino simples civiles inocentes.
“Evidenciando la situación de hecho y contrastándola con los fundamentos de derecho, particularmente aquellas referidas a las normas del Derecho Internacional Humanitario, no es posible desligar la existencia a cargo del Estado colombiano sobre los deberes generales y especiales que tiene sobre la población civil, en cumplimiento de las normas mínimas de protección de los derechos humanos en escenarios de conflicto interno armado”, dicen los congresistas en la solicitud.
Consideran que las actuaciones del ministro Molano habrían sido contrarias a los tratados suscritos por el país en materia del derecho internacional humanitario.
“El ataque militar que tuvo lugar se dio en un contexto en el que era absolutamente previsible la presencia mayoritaria de población civil”, dicen los congresistas.
Señalan que era “previsible” el bazar y que supuestamente habría sido organizado por la población civil. Sin embargo, esa versión contrasta con la de las autoridades, que ha concluido que se trató de un encuentro de las disidencias de las Farc en el que se negociaba la pasta de coca y en el que se combatieron estructuras del narcotráfico que operan en esa región.