Una jueza del circuito de Barbacosas, Nariño, dictó una orden de arresto en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.
De acuerdo con la togada, el director de la UNP desacató una orden judicial que ponía a disposición un vehículo con esquema de seguridad para el excombatiente de las Farc Pedro Pablo Rosero Bolaños, quien recibió, parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el beneficio de amnistía.
La decisión de la jueza promiscua del circuito también cobija al subdirector de la entidad, Laureano Santander.
Según los hechos que condujeron a la decisión, el 23 de noviembre de 2022, ese juzgado había pedido que, en el término de máximo 48 horas, Rosero Bolaños debía tener el esquema de seguridad gracias a una resolución a su favor dictada días antes.
Ante el presunto incumplimiento a Rosero Bolaños, la togada dictó tres días de arresto y una multa por un salario mínimo. De igual forma, compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación para que esta investigue si los dos funcionarios públicos incurrieron en la comisión del delito de fraude a resolución judicial.
Tras la determinación, la Unidad Nacional de Protección se pronunció este viernes 7 de abril y aseguró que “la UNP ha cumplido de manera estricta con el fallo de tutela proferido el 22/11/22 que ampara derechos de Pedro Pablo Rosero Bolaños”.
De igual forma, la entidad reveló que Rosero Bolaños desistió del esquema de seguridad y que el vehículo que supuestamente fue asignado “presentó avería”.
“La implementación de la totalidad de medidas de protección llevó a que el mismo peticionario desistiera del incidente, hecho aceptado por el juez el 29/12/22. Semanas después (12/02/23) el vehículo presentó avería, lo cual es un hecho fortuito no atribuible a la UNP. Tal eventualidad ha sido suplida por la entidad y la conformidad firmada por el protegido”.
Asimismo, la entidad dejó claro que “la decisión de sancionar a directivos de la UNP está en estado suspensivo y en proceso de consulta”.
La jueza dejó claro que la orden quedará en firme cuando sea revisada y evaluada por la magistrada del Tribunal de Pasto que conoció el caso en segunda instancia.
Fue atraco, no atentado contra director de la UNP
El supuesto atentado contra el director de la UNP, Augusto Ramírez, ocurrió mientras llegaba a su residencia en el barrio Ciudad Montes, en el sur de Bogotá. Cuando ingresó a la casa, hombres armados se enfrentaron a su esquema de seguridad y como resultado uno de los presuntos atacantes falleció.
De manera inmediata se advirtió de un atentado en contra del funcionario por las constantes denuncias que incluyen hechos de corrupción en la entidad que lidera. El propio presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió al fiscal general, Francisco Barbosa, adelantar las investigaciones y dar con los responsables del supuesto atentado.
La Fiscalía, luego de las averiguaciones, logró establecer que no se trató de un atentado, sino de un intento de atraco, de llevarse la camioneta en la que se movilizaba el funcionario, pero tras la reacción de los escoltas uno de los asaltantes murió en el cruce de disparos.
“Luego de haber hecho un trabajo muy serio de haber cotejado todos los elementos materiales probatorios que se encontraron en el lugar, llevó a la conclusión de que esto se constituyó en un hurto por un factor de oportunidad, en la medida en que los asaltantes se encontraron con un vehículo de la UNP cuando acababan de cometer otro hurto”, explicó el fiscal Barbosa.
Entre los elementos de prueba que se encontraron en el sitio estaba un computador de una persona que minutos antes fue víctima de atraco y que reconoció al asaltante que resultó muerto tras el cruce de disparos con el esquema de seguridad del director.