El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras falló a favor de una madre y sus ocho hijos al ordenar una compensación con un nuevo predio tras ser desplazados por la violencia en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta. Todo esto, bajo el acompañamiento jurídico de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que busca resarcir las pérdidas de la guerra para los colombianos.

La mujer, la cual será nombrada bajo el seudónimo de Beatriz Ramírez, tuvo que abandonar un predio en la inspección La Julia del municipio de Uribe. Junto a sus ocho hijos, fue desplazada por la violencia ejercida por las Farc, extinto grupo guerrillero que tomó el territorio como bastión.

Fue en 1988 cuando Ramírez compró una casa lote de 702 metros cuadrados. En ella, construyó una casa de madera con cuartos, sala, cocina. Ahí vivió con su esposo y sus hijos hasta 2006, cuando la guerrilla de las Farc intimidó a la familia.

Según narra la autoridad, el grupo insurgente expresó la intención de reclutar a sus hijos de 12 y 18 años, después de que un menor de 15 años se viera obligado a unirse a las filas de la guerrilla.

A mediados de 2006, la mujer viajó a Villavicencio al sepelio de otro de sus hijos. Fue ahí donde recibió una llamada en la que le contaron que el Ejército había instalado un campamento y trincheras en su propiedad. La casa que construyó se convirtió en zona de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc, por lo que huyó de su hogar para salvar su vida.

Según Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, la entidad llevó el caso hasta la justicia y como resultado se ordenó la restitución mediante compensación. De esa forma, el predio ocupado estará bajo administración de la autoridad, mientras que a la familia se les adquirirá un nuevo espacio donde elijan.

A su vez, la familia de la mujer tiene derecho a la oferta institucional del Estado como garantía para su reparación integral.

Anuncian recompensa por responsables de atentado en el Meta

Tras terminar el consejo de seguridad que se adelantaba en el municipio de Granada, Meta, el Gobierno nacional anunció que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien brinde información para dar con el paradero de los autores materiales del atentado al batallón 21 Vargas.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que “como se ha indicado aquí, ofrecemos 3.000 millones de pesos por alias Gentil Duarte y 200 millones de pesos por quien dé información para lograr esclarecer este atentado que, como ha mencionado el general Vargas, va por una buena línea de esclarecimiento”, expresó Palacios.

Por otro lado, Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, mencionó que se designó un equipo élite liderado por un fiscal especializado para esclarecer los hechos.

“Estos criminales van a ser judicializados por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y daño en bien público. No nos cabe duda sobre la responsabilidad de alias Gentil Duarte, alias Calarcá y las disidencias de las Farc”, dijo el alto oficial en la rueda de prensa.