En un país en donde el poder presidencial es inmenso, causó sorpresa cuando el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dejó entrever que buscaría su reelección desechando el guiño de Juan Manuel Santos porque no lo necesitaba. Lo que parecía una fractura enorme en las relaciones de estos dos hombres fue saldada con un brindis cuando Santos acudió al matrimonio de la hija del procurador, un evento de características descomunales en donde se vieron a casi 750 personalidades del poder político, económico y religioso rindiéndole pleitesía. El evento, en realidad, se convirtió en la fiesta de consagración de Alejandro Ordóñez. La boda le cayó como anillo al dedo al procurador general, apenas dos semanas después de haberse posesionado, para hacer una presentación en sociedad de su poder. Fue lo más parecido que se ha dado a una ‘coronación’, en Colombia. Todo parecía haber sido escogido para la ocasión. La iglesia de San Agustín, construida en el siglo XVII, creaba el ambiente de la monarquía en apogeo. El cardenal Rubén Salazar, la máxima autoridad religiosa, prestó los ornamentos y cálices de oro de 1700, los que solo se sacan para ocasiones muy especiales. La misa se ofició a la antigua, en latín y de espaldas a los asistentes. Y no faltó en el repertorio la Misa de Coronación, de Mozart. La misma que según cuenta la historia se interpretó en las celebraciones de la llegada al trono del emperador Leopoldo II. Como cualquier coronación que se respete la crema y nata del poder criollo estaba allí concentrada. El país no recuerda boda tan concurrida como esta. Además del presidente Santos, estaban el vicepresidente Angelino Garzón, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, ministros del gabinete, magistrados de la Corte Suprema, casi una decena de magistrados del Consejo de Estado, algunos de la Corte Constitucional, el fiscal Eduardo Montealegre, la contralora Sandra Morelli, el registrador Carlos Ariel Sánchez. Hasta el presidente del tribunal eclesiástico estuvo. Fue el encargado de oficiar la misa. Tantos invitados, ¿acaso estaban allí por el matrimonio de una universitaria? Se dieron situaciones tan absurdas como que Horacio Serpa o el ministro Rafael Pardo, liberales hasta el tuétano, aceptaron estoicos las cerca de dos horas de una misa en su versión más tradicional: la que impuso el Concilio de Trento, en 1570, como respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Con ese acto social, Ordóñez dejó en claro la influencia que tiene. Pero, tras la destitución e inhabilidad al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por un periodo de 15 años, muchos se preguntan si hoy por hoy es el hombre más poderoso de Colombia. El procurador general regente es un poderoso funcionario al que no le tiembla mano para sancionar cualquier desvío de la ortodoxia en la política y la sociedad. Abogado y católico de ideología ultraconservadora, se ha convertido en un azote de los políticos, principalmente de los de izquierda, como Petro, al que, además de destituir por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras ocurrida en 2012, en la práctica lo inhabilitó para volver a ejercer cargos públicos. Nacido hace 58 años en Bucaramanga, Ordóñez, que tiene una especialización en Derecho Administrativo e hizo carrera en la rama judicial. Fue elegido procurador general por el Senado en diciembre de 2008 para un periodo de cuatro años con una votación de 81 votos a favor y solo uno en contra. Entre los que votaron a favor de su nombre estaba el entonces senador Gustavo Petro, hoy destituido por Ordóñez del cargo de alcalde de Bogotá. Reelegido en 2012 para un segundo mandato, hasta 2017, Ordóñez se ha caracterizado por sus decisiones de corte ideológico en asuntos como el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo o contra políticos de izquierdas, como la exsenadora Piedad Córdoba, destituida por supuestos vínculos con las FARC, y el propio Petro, que fue guerrillero del grupo M-19. También suspendió al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, antecesor de Petro, por un millonario escándalo de corrupción, y al exministro de Agricultura del anterior Gobierno Andrés Felipe Arias, por otro caso de malversación de fondos, así como a decenas de funcionarios públicos de distinto rangos involucrados en ilícitos. Ordóñez también se ha caracterizado por su férrea oposición a los diálogos de paz en Cuba del Gobierno con las FARC porque considera que con las negociaciones esa guerrilla no busca el fin del conflicto sino “someter al Estado y obtener del Estado la absoluta impunidad” por sus crímenes. Su oposición al proceso de paz lo llevó la semana pasada a La Haya, donde se entrevistó con la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a quien pidió que ese tribunal intervenga si en el proceso de paz con las FARC se acuerdan mecanismos de justicia que conduzcan a la “impunidad”. Ese supuesto significaría “una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país”, señaló. La destitución de Petro, considerada una exageración por diferentes sectores políticos, ha puesto en la mira del Gobierno las funciones del procurador, cuyo poder para destituir a funcionarios elegidos por el voto popular fue cuestionado por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. La Procuraduría General es un organismo con funciones disciplinarias y autónomo frente a las demás ramas del Estado, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales. Entre las atribuciones de la Procuraduría está la de representar a los ciudadanos ante el Estado y como tal es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y la Personería. La Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestaria y funciones de prevención, de intervención y disciplinarias que algunos sectores empiezan a ver con desconfianza por el uso que de esos poderes ha hecho Ordóñez. ¿Habrá alguien que se atreva a cortarle las alas? ¿O seguirá tranquilo creando los cismas políticos como el que ahora sacude al país?