Los constantes escándalos que han envuelto a los organismos de inteligencia colombianos se convirtieron en un tema importante en el Congreso de Estados Unidos. La preocupación surge por el uso irregular que estarían dando a la millonaria colaboración que ese país entrega cada año, y que ha sido muy importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El representante demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, llevó a la Cámara una propuesta de enmienda al presupuesto en el rubro del apoyo a Colombia en materia de defensa. En el documento de siete páginas dice que “el equipo militar o de inteligencia o los suministros transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia bajo la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos no se deben utilizar con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida en la población civil, incluidos los defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”. La Cámara aprobó ampliamente la propuesta.
“Usan ayuda estadounidense para actividades ilegales. Este es un mensaje de que estamos cansados de eso”, dijo el congresista Jim McGovern. Los promotores de la enmienda pretenden que los organismos de inteligencia y defensa de Estados Unidos hagan un informe desde 2002, una etapa que incluiría escándalos como los del espionaje a magistrados y líderes opositores a cargo del extinto DAS, o el episodio de la sala Andrómeda, desde donde hicieron seguimientos irregulares al proceso de paz de La Habana. Pero sin duda la iniciativa resultó de las irregularidades en las que ha estado envuelta recientemente la inteligencia y contrainteligencia del Ejército, reveladas por SEMANA a lo largo de este año. El primer escándalo salió al público en enero con la investigación ‘Chuzadas sin cuartel’. Allí quedó expuesto que el Ejército había interceptado ilegalmente, durante 2019, las comunicaciones de magistrados, generales, políticos y periodistas. Para tales fines, habrían usado incluso sofisticados equipos donados por Estados Unidos. Esta revista dio a conocer el episodio más reciente en mayo: el seguimiento y perfilamiento ilegal que el Ejército hizo a 130 personas, incluidos varios periodistas norteamericanos. “Usan alguna de la ayuda estadounidense para actividades ilegales. Y este es un mensaje del Congreso de Estados Unidos de que estamos cansados de eso”, le dijo McGovern a María Jimena Duzán en su programa Semana en Vivo. El congresista aseguró que ha estado atento a las denuncias de los excesos de la inteligencia colombiana en los últimos 20 años, y que los escándalos se han repetido cíclicamente durante ese periodo.
Ahora el Senado, donde los republicanos son mayoría, discutirá la iniciativa. Sin embargo, podría prosperar si pasa; como sucedió en la Cámara, en la que miembros de los dos partidos apoyaron mayoritariamente la enmienda. Y ese no fue el único tema colombiano que hizo ruido en el Congreso estadounidense. La popular representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez promovió una iniciativa para que Estados Unidos no financie la fumigación aérea de cultivos ilícitos, en tanto Colombia no cumpla los estándares que la Corte Constitucional le ha puesto al uso del glifosato. El Gobierno colombiano no ha podido reactivar la aspersión aérea a pesar de los más de 150.000 hectáreas de coca cultivada y las dificultades de la erradicación manual en el terreno: minas quiebrapatas, francotiradores de los grupos ilegales, y la oposición de los cocaleros y de las comunidades que dependen de la economía ilegal y que hacen cercos humanos para impedir la entrada de la fuerza pública. Por ahora, la enmienda que pasó en la Cámara sobre la ayuda de Washington a Colombia tendrá que ser discutida en el Senado y luego tendrá que pasar por la Casa Blanca, que seguramente la objetará.