Desplazamiento de comunidades, instalación de minas antipersonal y enfrentamiento entre grupos armados ilegales por el control territorial y el manejo de cultivos ilícitos es el panorama que enfrenta el deparamento de Chocó, según han denunciado autoridades y congresistas de esa región.
Aunque se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Militares y de policía, y se han ofrecido millonarias recompensas contra los autores de los hechos de violencia, se siguen presentando acciones contra la población civil, especialmente en los municipios de Riosucio, Bojayá y Alto Baudó.
Esta situación llevó a que desde el Congreso de la República se lanzara un SOS por ese departamento y se le pidieran al Gobierno nacional acciones concretas para enfrentar la situación.
“Hemos tenido muchos problemas de orden público en Chocó, pero en estos momentos se han agravado con los ataques a la policía en Riosucio, la instalación de minas antipersonales en Bojayá y el desplazamiento forzado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Alto Baudó”, indicó la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Astrid Sánchez.
Para hacer más visible la situación no solo a nivel nacional, sino de la comunidad internacional, se realiza un encuentro en dos regiones afectadas por el orden público, Carmen del Darién y Riosucio, con la asistencia de representantes de diferentes organizaciones humanitarias.
En el evento se analizan temas como la renovación territorial y revisión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad y la situación de las víctimas en esta problemática.
La congresista Astrid Sánchez indicó que en el encuentro se está escuchando a las comunidades y su preocupación frente a la situación que viven por el orden público, “ya que se encuentran azotados por el enfrentamiento de grupos al margen de la ley y, sumado a esto, tienen problemas con el clima, las lluvias se llevan sus cultivos, dejándolos sin que comer”.
Para avanzar en la transformación territorial, los actores locales consideran que el proceso PDET y la reincorporación de excombatientes son una oportunidad para contribuir en la solución de los problemas que enfrenta ese departamento.
Según las cifras sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz en el Chocó, en la subregión PDET Chocó hay 86.716 víctimas del conflicto armado, es decir el 37,9 % de la población; de estas víctimas, 80.490 son sujetos de atención. Los hechos victimizantes más comunes en la región son desplazamiento forzado (279.222 víctimas), confinamiento (20.448 víctimas) y amenaza (10.811).
“Necesitamos hacer un pacto con estas comunidades para ayudarles, necesitan acciones para mejorar la conectividad y mejorar el agro para esta región, no podemos seguir presentando inequidad. La educación debe primar por encima de la desigualdad, el gobierno no puede dejar de lado los pactos que se han acordado”, aseguró la congresista.
La representante a la Cámara aclaró que, aunque no se están están tomando decisiones en este encuentro, “se están realizando mesas de consulta que dejarán como precedente un informe para presentar al gobierno o entidades interesadas para dar solución a las problemáticas encontradas”.
En este espacio participan la Organización para las Naciones unidas de Colombia (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa Mundial de Alimento (WFP), la embajada Británica, la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, el alcalde municipal Pedro José mena, el personero Héctor Enrique Rivas Palacios, el presidente de Concejo Vicente Blandon Soto y víctimas de las regiones.